¿En qué situación se encuentra la Autoridad para la Igualdad de Trato?

4
Publicado 06/10/2018 12:03:35CET

   No parece haber debate sobre las multas por discriminación, que pueden llegar a los 500.000 euros

   MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) –

   Una de las medidas estrella de la proposición de ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del PSOE, la creación de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de estos principios, no cuenta con gran respaldo en el Congreso: mientras el PP rechaza crearla, Ciudadanos quiere acotar sus competencias dejándola como mero vigilante sin poder de actuación. Además, los nacionalistas e independentistas denuncian invasión de competencias.

   Cuando el pasado mes de abril los socialistas llevaron a debate al Pleno del Congreso la toma en consideración de este texto destacaron su intención de creación este organismo “independiente y unipersonal”, dotada con recursos de la administración e insertado en un ministerio, que actuara contra la discriminación. Según explicó entonces la portavoz del PSOE en esta materia, Ángeles Álvarez, esta autoridad podría investigar de oficio y ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.

   Sin embargo, esta idea no ha calado entre los grupos que, ahora, presentan en sus enmiendas varias propuestas para modificar esta iniciativa socialista durante la tramitación de la ley en el Congreso.

   El PP rechaza directamente su creación y quiere eliminar de la norma todos los artículos relacionados con esta iniciativa argumentando en sus enmiendas, únicamente, que se trata de una “mejora técnica”.

   Mientras, Ciudadanos no se opone a que exista este organismo, pero en sus enmiendas comienzan proponiendo un cambio de nombre –de Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación a Servicio para la Igualdad de Trato y no Discriminación– y continúan pidiendo la creación de un organismo de este tipo en cada administración pública y dentro del ámbito de sus competencias.

LA ALTA INSPECCIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO

   Del mismo modo, eliminan del texto la posibilidad de que el servicio actúe de oficio y sólo incluyen la posibilidad de que avise al Ministerio Fiscal cuando se produzca un posible delito. Para los de Albert Rivera, este organismo debe basar su funcionamiento en la colaboración con el Defensor del Pueblo y organismos autonómicos equivalentes, así como en promover las buenas prácticas en materia de lucha contra la discriminación o hacer un informe anual sobre sus actividades.

   Además, la formación ‘naranja’ quiere incluir en la ley que sea la Alta Inspección Educativa quien se ocupe de velar por estos delitos en el sector de la Educación.

   Unidos Podemos también propone cambios, aunque en su caso acerca de sus empleados, como que la persona titular de la Autoridad acceda al cargo por oposición pública, teniendo en cuenta sus méritos adicionales y también su pertenencia a alguno de los grupos protegidos por su situación de discriminación –gitanos, judío, musulmán, LGTB, migrante y afrodescendiente–. Del mismo modo, reclama que se aplique al personal funcionario una cuota del 50% de los puestos para personas de estos colectivos.

   Finalmente, los nacionalistas vascos y los independentistas de ERC y PDeCAT piden hacer algunas modificaciones en el texto por la invasión de competencias que, a su juicio, supondría la creación de una autoridad estatal como la que plantea el PSOE en su ley inicial.

EL PP PIDE INVERTIR LA RECAUDACIÓN

   Con las enmiendas ya registradas, los grupos parlamentarios deberán iniciar ahora una fase de ponencia en la que negociar las propuestas de cada partido. Si bien, hay divergencias en otras materias, parece que no las va a haber sobre las sanciones que el PSOE ha planteado para quien incumpla la ley: entre 300 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

   Los socialistas proponen, además, que la Administración deberá determinar si en las actuaciones hubo intencionalidad o analizar la naturaleza de los daños y si han sido permanentes o transitorios. También se valorará el número de personas afectadas, la repercusión social o la reincidencia, entre otros aspectos.

   No existen enmiendas en relación con estas cantidades, que ya fueron uno de los temas a tratar durante el debate para la toma de consideración en el Congreso. Sin embargo, el PP sí que hace un matiz en esta materia. Su intención es que la recaudación obtenida por el cobro de estas multas se inviertan en la promoción y sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación.