MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Comisión del Defensor del Pueblo que se encarga de investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica ha comenzado a redactar el informe, que prevé presentar en el Congreso de los Diputados, antes de que acabe esta legislatura, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que revelarán qué diócesis no les han dado información. Por ahora, según ha puntualizado, les han contestado «pocos» obispados.
«La información que tengamos la daremos y la que no tengamos también. Diremos también quién no nos ha dado información. Si de las 70 diócesis nos contestan 32, diremos ‘estas 32 nos han respondido y estas 38 no'», ha precisado Gabilondo, este lunes, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras entregar el informe anual de la institución.
Gabilondo ha explicado que se han dirigido a las 70 diócesis pidiéndoles su colaboración y explicándoles, en un par de folios, «en qué sentido podría ser eficaz su colaboración» y están «empezando a contestar» aunque por ahora son «pocos».
En todo caso, tras reunirse con la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), los 70 obispos, las congregaciones, con el decano del Tribunal de la Rota española, y con Escuelas Católicas, que tienen 2.000 colegios, cree que la Iglesia «va a colaborar».
«Todo está en un proceso que me permite pensar, no tengo que dudarlo, que va a colaborar la Iglesia, pero hay que demostrarlo, ahora es el momento de los hechos. Con toda honestidad, conocerán el Parlamento y la sociedad española cuál ha sido el nivel de colaboración de la Iglesia católica», ha insistido.
El Pleno del Congreso de los Diputados encomendó, en marzo de 2022, al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente que elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
Gabilondo creó una comisión asesora de expertos, una unidad dedicada a la atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas.
Con estos trabajos, el Defensor del Pueblo quiere «determinar los hechos y las responsabilidades», lo cual implica, según precisa la institución: el estudio de la vulneración de derechos de las víctimas de abusos y la concreción de medidas reparadoras; detectar las estructuras que han facilitado el abuso; explicitar los ámbitos en que se han producido esas situaciones; analizar la respuesta de las instituciones eclesiásticas y los poderes públicos, y «señalar la ocultación de los hechos, las denuncias silenciadas o el encubrimiento por parte de la institución».
Respecto a la reparación de las víctimas, el Defensor del Pueblo consideró necesario hacer las siguientes previsiones: una propuesta de los procedimientos y ámbitos de actuación, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las víctimas y de acuerdo con las posibilidades legales existentes, o qué cabría sugerir de acuerdo con estas posibilidades, o qué cabría modificar; el ofrecimiento de los canales de escucha y reparación abiertos ante el posible conocimiento de ulteriores nuevos casos; el establecimiento de programas de justicia restaurativa; un análisis de la viabilidad de la responsabilidad civil, responsabilidad social subsidiaria y no solo penal, y el ofrecimiento desde los poderes públicos de una respuesta no solo jurídica, sino también social a las víctimas.
Además, Gabilondo señaló que habrá que hacer una planificación de las políticas públicas para la prevención y atención a las víctimas, y establecer protocolos concretos para evitar que esto pueda suceder de nuevo.
En concreto, el 5 de julio de 2022 se constituyó la comisión asesora para la atención a las víctimas, compuesta por veinte miembros: diecisiete asesores externos a la institución, así como la adjunta primera, la adjunta segunda y el propio Defensor del Pueblo, que preside el órgano. Los miembros externos pertenecen al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en el ámbito jurídico, en Derecho penal, en Derecho administrativo, en Derecho canónico y en Derecho constitucional, o son especialistas en derechos humanos.
El 6 de julio se creó la Unidad de Atención a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Está formada por un equipo de siete profesionales especializados en la escucha de víctimas de abusos (psicólogos, juristas, criminólogos y trabajadores sociales), coordinado por uno de ellos, además de contar con dos administrativos. Esta unidad se encarga de escuchar a las víctimas y del estudio y recogida de información.
Las víctimas pueden dirigirse a esta unidad mediante un teléfono gratuito, un correo electrónico o un formulario disponible en página web del Defensor del Pueblo, que pone énfasis en el respeto de la confidencialidad de los datos aportados. Una vez recibida una primera comunicación, se ofrece a las víctimas prestar su testimonio, personándose a la sede creada expresamente para ello, a través del mismo teléfono o por videollamada. Asimismo, la propia unidad se desplaza a los puntos de España donde residen las víctimas. Según señala la institución, «la unidad siempre procura seguir el ritmo y las necesidades y los deseos de las propias víctimas, que no debe estandarizarse como un prototipo homogéneo».
En la página web del Defensor del Pueblo se ha dispuesto una pestaña específica en la que se ofrecen unas consideraciones generales sobre el trabajo de la unidad. En esta web, la institución indica que «el silencio ha imperado en este tema durante muchos años» y que, por ello, «hablar de lo sucedido es una forma de reparación importante».
Desde la institución precisan que han tomado todas las medidas para que la recogida de los testimonios se haga garantizando la «máxima seguridad» en la protección de los datos, con un plan estratégico que define las líneas de actuación a seguir, «proporcionando orden y claridad» a la hora de recoger y archivar la información, y con «información cifrada» a través de «mecanismos de auditoría detallada y sistemas de prevención de fugas de información».
Por otro lado, se ha creado una estructura de recogida de datos que facilita el estudio y el análisis de los testimonios; y la información que se recopila sobre la encomienda tiene un tratamiento exclusivo y diferenciado del resto de la documentación que gestiona la institución del Defensor del Pueblo, según señalan.
Además de la comisión asesora y de la unidad de atención a víctimas, en agosto de 2022, el Defensor del Pueblo se dirigió a diversas asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, invitándolas a sumarse al Foro de asociaciones, un espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas comparten sus experiencias y peticiones, que se incorporarán al informe final.
