El equipo de Irene Montero presenta un Plan de urgencia para proteger a las víctimas de violencia sexual e implementar la norma
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Igualdad no cree que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la Ley del ‘solo sí es sí’ y considera que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento.
Las mismas fuentes apuntan que, los expertos en la materia y el Gobierno de coalición comparten esta postura y, por eso, Igualdad ha propuesto como solución posible un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, tal y como, según han apuntado, se hizo para la aplicación de la ley contra la violencia de género aprobada en 2004.
Entre las medidas que recoge este Plan, que llaman a poner en marcha de manera urgente, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.
Del mismo modo, recoge la necesidad de implementar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; de crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; de incrementar el número de agentes que Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; o implementando los puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.
Fuentes de Igualdad señalan que el Ministerio ve imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas.
