La cara oculta del CIE de Barcelona

España tiene siete centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el Ministerio del Interior, del que dependen, ha anunciado la construcción de tres más. El de la Zona Franca de Barcelona, que se inauguró en el 2006, es uno de los más polémicos. El gobierno municipal de Ada Colau, activistas de defensa de los derechos humanos e instituciones como la Sindicatura de Greuges han pedido sin éxito y en reiteradas ocasiones su cierre. ¿Cómo es este CIE?

La opacidad es la característica común de estos establecimientos, que en teoría no son penitenciarios, pero que según sus detractores se parecen a una cárcel como una gota de agua a otra. Los CIE se crearon para garantizar la expulsión o la devolución a sus países de origen de los extranjeros en situación irregular. Voluntarios de la fundación Migra Studium, que promueve la orden religiosa de la Compañía de Jesús, visitan periódicamente el centro de la Zona Franca y este jueves han presentado el balance del 2016.

El documento denuncia el ingreso de menores no acompañados y otras seis vulneraciones de derechos, incluidos el derecho a la salud y a la tutela judicial y un proceso judicial con todas las garantías. Las conclusiones del texto son demoledoras y llevan a Migra Studium a insistir en el cierre de este y de todos los CIE, además de exigir “medidas alternativas a los internamientos”.

Hay menores en el circuito de expulsiones”

Migra Studium

La fundación, a la que también apoya el Ayuntamiento de Barcelona e instituciones como SOS Racismo, denuncia que “en la actualidad hay menores en el circuito jurídico de expulsiones”. Se trata de un hecho especialmente grave, máxime si se tiene en cuenta que el propio Ministerio del Interior reconoce que en ningún caso “podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento”. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España, agrega el ministerio, “serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores”.

Pese a estas buenas intenciones, la entidad asegura que en el 2016 se detectaron al menos cuatro menores en el CIE de la Zona Franca. Aunque el Estado sólo admitió la minoría de edad en dos de los casos, los cuatro quedaron en libertad y no se les expulsó. “La presencia de menores extranjeros no acompañados e indocumentados –subraya el estudio– es un indicador de que los instrumentos jurídicos de protección de los menores no están funcionando correctamente”.

La mayoría de los menores proceden de Argelia y llegan a España en patera

La mayoría de los menores o de quienes dicen ser menores proceden de Argelia y llegan a España en patera, generalmente desde Orán hasta Almería o Motril (Granada), aunque también a Murcia o las Baleares. Desde allí se les envía a los distintos CIE. Migra Studium asegura que a los jóvenes, incluso a quienes pueden demostrar su edad con documentos, se les aplica “una especie de presunción de mayoría de edad” y se les trata “como a adultos”, salvo que pruebas radiológicas –no siempre definitivas– demuestren lo contrario.

El artículo 35 de la ley 4/2000, o ley de Extranjería, establece que cuando no se pueda establecer “con seguridad” la minoría de edad de los extranjeros indocumentados se actuará “de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor”. Pero la privación de libertad de menores en el CIE, dice esta fundación altruista, evidencia lagunas legales. A pesar de que aportan certificados de nacimiento o pasaportes en vigor, algunos internos se ven obligados a someterse a pruebas médicas para determinar su edad, lo que “vulnera la jurisprudencia del Supremo”.

El CIE de la Zona Franca estuvo cerrado por obras desde finales del 2015 hasta julio del 2016. La alta ocupación posterior del centro, por donde pasaron 640 personas, permitió que Migra Studium prestara en sólo cuatro meses, de septiembre a diciembre, una atención similar a la de todo 2015 al ayudar a 146 de estos internos.

Según el informe, el Ministerio del Interior continúa criminalizando a los internos de los CIE con el argumento de que allí acaban delincuentes que son expulsados del país. Pero, salvo en los casos de extranjeros condenados por pequeños delitos y cuyas condenas los jueces cambian por la devolución a sus países de origen, la mayoría de estos extranjeros están acusados de una falta administrativa –la entrada irregular en el país– y no de un delito.

Casi el 75% de los internos atendidos por esta fundación carecía de antecedentes penales

Casi el 75% de las personas que pidieron ayuda a Migra Studium carecían de antecedentes penales, a pesar de “una clara voluntad [por parte del Estado] de criminalizar al conjunto de la población migrante en situación irregular y de justificar las medidas de control”. Más de la mitad de los extranjeros atendidos quedaron en libertad, en ocasiones mucho antes de los 60 días que la ley fija como tope máximo de internamiento. “Los bajos índices de expulsiones –dicen portavoces de la fundación como Marga García y Josetxo Ordóñez– hacen sospechar un uso intensivo e injustificado de las medidas de privación de libertad”.

Las obras del CIE, donde no hay “traductores de forma permanente”, permitieron instalar lavabos en las habitaciones, ampliar el servicio médico, disponer de 53 cámaras de videovigilancia y de cuatro cabinas telefónicas más en el patio, entre otras mejoras indispensables e inaplazables. Pero quedan otras pendientes. Desde el exterior, sin embargo, el cambio más visible es el de la valla, que se ha elevado.

Vista de la entrada del CIE Zona Franca de Barcelona Vista de la entrada del CIE Zona Franca de Barcelona (Roser Vilallonga)
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