La fiscalidad en el caso Nadia

El caso Nadia ha indignado tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación. Todo empezó en noviembre, cuando Fernando Blanco, el padre de una niña que sufre una enfermedad rara que acelera el envejecimiento de las células, dio una entrevista a la prensa escrita relatando una historia un poco rocambolesca sobre cómo la búsqueda de una cura le llevó hasta unas cuevas de Afganistán.

Lo que a priori parecía ser la conmovedora historia de un padre dispuesto a hacer todo lo posible para salvar a su hija, acabó llamando la atención de varios periodistas y médicos, que enseguida tildaron toda la narración de altamente sospechosa.

Finalmente, las autoridades entraron en el asunto y se destapó una estafa valorada en más de 900.000 euros. La fortuna había sido amasada, a través de numerosas campañas y recolectas de donativos, por los progenitores de Nadia, quienes además pasaron por platós de los programas más importantes de la televisión nacional. ¿Cuál hubiera sido la forma correcta de actuar desde un punto de vista puramente fiscal?

Los medios han informado de que, en el momento de su detención, la familia Blanco tenía más de 300.000 euros en el banco que no provenían de ninguna nómina mensual o facturas cobradas. ¿No deberían haber saltado las alarmas de la entidad financiera?

El profesor del Máster en Asesoría Fiscal de la UPF Barcelona School of Management Albert Sagués comenta que, a nivel normativo, si el banco detecta que entran grandes cantidades de dinero que pueden ser sospechosas de un delito de blanqueo “puede activar sus sistemas de alerta”, pero resalta que la familia de Nadia tenía la ventaja de que “nadie sospechaba de sus actividades ilícitas”, ya que el caso era muy mediático.

Si la Fundación Asociación Nadia Nera hubiera sido real, la gente que hizo los donativos se los podría haber desgravado en la declaración de la Renta. “Cuando todo el proceso está regulado a través de una fundación, la gente tiene la tranquilidad de que el dinero donado será objeto de un cierto control”, y señala que estas organizaciones sin ánimo de lucro tienen que presentar sus cuentas para justificar de donde proviene su capital.

En lo referente a de qué manera se deberían haber tributado los más 900.000 euros los Blanco amasaron, el profesor comenta que “los impuestos de cada donación individual se tendrían que liquidar una a una” y que el total a tributar por parte de los receptores del dinero sería entre un 25 o un 30% del total.

Para que no se repitan estafas como esta, el profesor cree que la concienciación social es fundamental y que “la gente debe entender que se puede ser altruista pero por vías medianamente establecidas o legales”. Aunque añade que en este país, tradicionalmente, siempre se ha actuado de esta manera, incluso en casos tan inocentes como cuando un niño vende lotería de Navidad para pagar su viaje de fin de curso o cuando un club deportivo de barrio sortea una panera.

“Si se analiza bien, la persona que lo compra está haciendo un donativo de una pequeña cantidad extra que, por tanto, debería de tributar”. Entonces, ¿se podría considerar fraude fiscal? Sobre el papel la respuesta es afirmativa, “pero en este tipo de casos se trata más de una inocente tradición a nivel de país”, concluye Sagués.

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