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Más de 3.000 menores de 10 años viven en España en un centro en lugar de acodidos por una familia

   ONG piden voluntad política sacarlos a todos de las residencias en 2030 y una reforma de todos los problemas estructurales que tiene el sistema residencial

   MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   Hasta 3.088 menores de 10 años se beneficiarían en la actualidad del acuerdo alcanzado esta semana por Gobierno y comunidades autónomas para sacar a los menores de 6 años de los centros de acogida tutelados por el Estado a partir de 2025 y a los menores de 10 en 2030.

   La medida fue anunciada por los secretarios de Estado de Igualdad y Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez, al término de la conferencia sectorial conjunta en la que se debatió con los ejecutivos autonómicos el Plan de Acción y Lucha contra la Explotación Sexual Infantil en los Centros de Acogida. La medida se aprobó, según han explicado, "por unanimidad".

   Los últimos datos que se conocen sobre este tema son del Observatorio de la Infancia y corresponden a 2020. Según estas cifras, a 31 de diciembre de 2020, el número acogimientos residenciales era de 16.991, de los cuales, 1.117 son menos de 6 años y 1.911 tienen entre 7 y 10 años.

   La medida acordada por el Ejecutivo y las CCAA va, además, acompañada por una financiación proveniente de los fondos europeos, que tiene como objetivo reforzar en este tiempo el acogimiento familiar en España e impulsar que estos menores, primero los de 0 a 6 años y posteriormente los de 7 a 10 años, pasen a ser acogidos en un hogar.

   En este sentido, las cifras que se manejan en el país son de 18.892 menores que han sido cobijados por familias. De ellos, 6.165 son menores de 6 años y 4.093 están entre los 7 y los 10 años. Es decir, el 54,2% de los niños que son acogidos por familias tienen menos de 10 años.

UNA MEDIDA QUE YA SE EXIGÍA POR LEY

   Y es que, tal y como ha explicado a Europa Press la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Arauz, la ley de protección a la infancia aprobada en 2015 ya obligaba a dar prioridad al acogimiento familiar cuando los menores tienen menos de seis años.

   Es el artículo 21 de esta norma, el que en su punto 3 recoge que "con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años".

   Además, añade que "no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor" y que "esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve posible".

   Es por eso que desde ASEAF celebran la "maravillosa" noticia sobre un acuerdo que, ha explicado Arauz, ellos mismos reclamaron al Ejecutivo y a las comunidades autónomas cuando comenzaron a hacerse públicos los diferentes casos de abusos a menores tuteladas en varias regiones.

UNA "LUCHA DE COLORES POLÍTICOS"

   Arauz ha explicado que esta petición surge después de que la entidad participara para tratar este tema en diferentes reuniones y sesiones de los parlamentos y que en ellas solo vieran "una lucha de colores" políticos para desprestigiar la "gestión" de los diferentes gobiernos autonómicos.

   "Nuestro mensaje es que este no es un tema de gestión, sino del planteamiento del sistema de protección", ha explicado. A su juicio, "no se puede tener a casi 20.000 niños creciendo en instituciones". "El sistema residencial no funciona", ha apuntado, antes de recordar que la ONU ya dio "un toque serio" a España en su último informe por este tema por practicar un exceso de institucionalización de los menores.

   Para ASEAF es importante, además, que Gobierno y CCAA hayan "puesto fecha" límite para llevar a cabo esta medida y aseguran que se trata de un objetivo "perfectamente factible", en tanto en cuanto está acompañado de financiación y "hay familias dispuestas" a acoger menores en España.

   "Cuando hacemos un llamamiento, cuando hay programas concretos, las familias salen de debajo de las piedras", ha asegurado Arauz, que ha recordado cómo se ha volcado el país en la acogida de familias ucranianas en los últimos meses.

CAMPAÑAS Y RRHH PARA UNA MEJOR GESTIÓN

   Lo que sí ha reclamado a las administraciones competentes en cada materia es es que haya "más campañas" para informar en este sentido y que se habiliten más funcionarios y equipos que gestionen a las familias con agilidad. "No es difícil cuando hay voluntad política", ha apuntado la presienta de ASEAF.

   Más críticos se han mostrado desde Plataforma Infancia. Su presidente, Ricardo Ibarra, ha celebrado la medida y lo que respecta a medidas de formación y de atención especializada a los menores. Pero ha explicado que "echa en falta" que no se haya trabajado con las ONG especializadas a las que, según ha apuntado, solo se les ha hecho consultas "puntuales"; y que no se ha aprovechado este acuerdo para hacer una reforma de los problemas estructurales que, a su juicio, sufre el sistema residencial en España.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES

   Tal y como ha indicado Ibarra, es bueno actuar en casos de abusos a menores tuteladas ya que son casos que "nos escandalizan" pero, según ha apuntado, esta situación se ha vivido precisamente por las deficiencias estructurales del sistema que, según ha apuntado, las entidades llevan denunciando desde hace años.

   Así, piden medidas para la emancipación de los niños tutelados, para ofrecerles garantías cuando cumplan la mayoría de edad y apoyos en este proceso. También han pedido al Gobierno que aborde la garantía de asistencia letrada para los menores tutelados, así como asistencia psicológica, especialmente en aquellos casos en los que han sufrido violencia, entre otras iniciativas.

   En definitiva, Plataforma Infancia se ha mostrado "sorprendida" de que se aborde un tema que ya se incluye en la ley de 2015 y que Gobierno y CCAA autónomas no se hayan planteado una actuación "más ambiciosa" en este tema.

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