¿Por qué fallaron los informes en el caso de Tomás Pardo?

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, dijo en la entrevista concedida a Josep Cuní en 8tv después de estallar el caso del violador reincidente Tomás Pardo que lamentaba no haber podido encontrar un “error concreto” en la administración que explique lo ocurrido. Sin embargo, otras personas conocedoras del funcionamiento de las políticas de concesión del tercer grado a personas condenadas por delitos sexuales (o por cualquier otro delito), con las que ha podido contactar La Vanguardia, apuntan algunas posibles causas.

Marcial (nombre ficticio), un excompañero de Tomás Pardo en Brians 1, explica que el comportamiento del violador en prisión era “de una falsedad total” en su trato con los funcionarios de prisiones. Y que, en cualquier caso, los programas de rehabilitación en los que participó durante su estancia en prisión “no sirven de nada” en el caso de personas como él, de quien dice que “no se rehabilitará nunca”. Marcial no sólo pone en duda la eficacia de estos cursos, sino que considera que “la cárcel, por sí misma, no reinserta a nadie. En absoluto. Uno tiene que tener la conciencia que hizo algo mal hecho y de que quiere volver a la sociedad, porque aquello es un submundo que se asemeja mucho a lo no humano”. Según su experiencia personal, Tomás Pardo no es una persona que haya mostrado durante su estancia en prisión “arrepentimiento” ni voluntad de rehabilitación por los crímenes que ha cometido.

Más información:

La labor de los técnicos de rehabilitación

Marcial entiende que los técnicos que trabajan en los programas de rehabilitación de los presos (equipos multidisciplinares formados por psicólogos, educadores, asistentes sociales y juristas) tienen “una labor complicada, porque hay mucha política en medio”. El exrecluso se refiere a los autos de los jueces de vigilancia, los distintos criterios de las Juntas de Tratamiento de cada unidad penitenciaria y las directrices que marca Dirección General de Servicios Penitenciarios como factores que limitan la independencia de criterio de estos profesionales.



El 70% de los técnicos que trabajan en los programas de rehabilitacion son interinos


Francesc López

Coordinador en Catalunya de ACAIP

Francesc López, coordinador en Catalunya de ACAIP, el sindicato que defiende los intereses de los funcionarios de instituciones penitenciarias en España, considera, en cambio, que los programas de rehabilitación “en términos generales, funcionan”. Pero matiza que los profesionales que coordinan y trabajan en estos cursos se encuentran, a menudo, en una posición de debilidad en su puesto de trabajo. “Alrededor del 70% de ellos son interinos”, y por tanto es más fácil que “se sientan presionados” por algún mando superior, lo que puede llegar a “perjudicar al servicio que prestan”, reflexiona.

El representante de este organismo corrobora las cifras de reincidencia en delitos sexuales que aportó el conseller Mundó después de conocerse el segundo crimen de Tomás Pardo (el 94% de los delincuentes sexuales no reinciden en este tipo de delitos, y sólo el 6% lo hacen). Pero cuando sucede un caso como el de Pardo –u otros similares, como el del “violador de la Diagonal”, que este mismo mes ha sido nuevamente condenado a 18 años por apuñalar a tres mujeres – “sale en todos los medios y se crea una alerta social. De los que salen y no causan problemas no se habla”, comenta López.


El dato
El 94% de los delincuentes sexuales no reinciden en este tipo de delitos


En cualquier caso, reflexiona el representante de los funcionarios, el hecho que el 94% de delincuentes sexuales no reincidan “no es mérito de los cursos” en los que participan cuando están internos, del mismo modo que los pocos casos de violadores reincidentes no tienen por qué deberse a “errores” en el sistema de rehabilitación, sino que, simplemente, hay personas que son “irrehabilitables”.

Aun así, un miembro de la cúpula de Justícia en Catalunya asegura a La Vanguardia que, en el caso de Tomás Pardo, “se está revisando todo el proceso para detectar qué podríamos haber hecho mejor” y por qué prácticamente todos los órganos que intervinieron en la decisión de otorgarle los permisos penitenciarios redactaron informes favorables a las distintas salidas de prisión que pudo disfrutar el delincuente. La excepción fue la juez de vigilancia penitenciaria María José González González, que apostaba por ser “más cautelosos”, y en consecuencia le denegó hasta en 13 ocasiones los permisos que solicitó.

La denuncia del diputado Sergio Santamaría

En junio de 2015, durante una sesión de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya, el diputado del PP Sergio Santamaría pidió explicaciones al entonces conseller de Justícia, Germà Gordó (Junts Pel Sí) sobre una supuesta directriz interna que el Departamento de Justicia había enviado a los técnicos encargados de los programas de rehabilitación en las prisiones. En esta directiva, se instaba a los técnicos a “evitar encabezar” sus informes sobre los presos que toman parte de estos cursos “pronunciándose sobre la propuesta concreta, es decir, sobre la concesión o denegación” de los distintos permisos a los presos. “Al mismo tiempo” –continúa este texto- “los profesionales se abstendrán de redactar párrafos de conclusiones”.

En opinión del diputado del PP, esta directriz tenía como objeto que las personas que trabajan directamente con los presos se tengan que “abstener de un criterio estrictamente profesional” y, en consecuencia, que en la “Junta de Tratamiento se pueda modelar esa opinión para lograr la unanimidad” a la hora de remitir una propuesta al juez de vigilancia penitenciaria o a la Dirección General de Justicia, que son los órganos que deciden finalmente si se otorga o se deniega un permiso, un tercer grado o la libertad condicional de los reclusos.

El conseller Gordó no atendió en aquella sesión parlamentaria la petición de explicaciones del diputado popular. Santamaría, por su parte, no ha estado disponible para aclarar a La Vanguardia si finalmente el Govern de la Generalitat respondió o no a su pregunta sobre este presunto acuerdo en el ámbito de la rehabilitación de presos.



El proceso para otorgar o denegar permisos penitenciarios en Catalunya es totalmente transparente y garantista


Carlos Soler

Subdirector general de Programas de Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios

Cuestionado por La Vanguardia en relación a este asunto, el subdirector general de Programas de Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, Carlos Soler, responde que la insinuación que hizo Sergio Santamaría hace dos años y medio “es un disparate”.

Soler, psicólogo de profesión –y que inició su carrera profesional como educador en centros penitenciarios-, asegura que los equipos técnicos multidisciplinares que interactúan con los presos en los programas de rehabilitación están “obligados a pronunciarse, de forma colegiada”, en sus informes, haciendo “una propuesta favorable o no a la concesión de los permisos”. Soler explica que la Junta de Tratamiento (formada normalmente por el director de la prisión, algún otro cargo directivo del centro, un secretario técnico jurídico, los responsables de cada programa y un representante del equipo de seguimiento de la conducta de los presos) es el siguiente “filtro” en este proceso, que puede corroborar o no los informes de los técnicos, según “los criterios generales de cada centro penitenciario”.

Las conclusiones de la Junta de Tratamiento se reflejan en una propuesta que es enviada al juez de vigilancia o a la Dirección General de Justicia. Y aún hay un último filtro –apunta Soler- ya que la Fiscalía puede recurrir el dictamen definitivo, “alegando, por ejemplo, que el preso debe volver al segundo grado porque no ha satisfecho una cantidad suficiente de la responsabilidad civil” derivada de sus delitos. En definitiva – defiende Soler- el proceso para otorgar o denegar permisos penitenciarios en Catalunya es “totalmente transparente y garantista”.



Estoy convencido que aplicamos el mejor sistema posible, pero no es infalible. Pero hay casos que no somos capaces de evitar


Carlos Soler

Subdirector general de Programas de Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios

Y en cualquier caso, añade Soler, “cada centro tiene el legítimo derecho de establecer sus propias directrices generales” y transmitírselas a los profesionales que trabajan en las prisiones. “Eso no son coacciones. La mayor parte de las veces el objetivo es unificar las políticas de rehabilitación de las cárceles. No es ningún drama que un equipo multidisciplinar haga una propuesta y que, luego, los órganos superiores decidan en sentido contrario porque consideren que la propuesta de los técnicos colisiona con otros criterios generales. Estos distintos filtros son precisamente los que garantizan que el proceso sea transparente y justo”, afirma el máximo responsable de los programas de rehabilitación en las prisiones.

En cuanto al alto porcentaje de interinos que hay entre los técnicos de estos equipos multidisciplinares que están en contacto directos con los presos (Soler no confirma que alcance el 70%, como dicen los sindicatos, pero admite que “podría estar cerca” de esa cifra), el portavoz del Departament de Justícia lo atribuye al período de crisis, durante el cual la Generalitat prácticamente no ha convocado oposiciones.



Si se aplicasen políticas de reinserción más restrictivas, estoy seguro que el porcentaje de reincidentes sería muy superior a ese 6%


Carlos Soler

Subdirector general de Programas de Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios

Soler asegura que en Catalunya “se aplican las políticas penitenciarias que mejor resultado dan según se desprende de la experiencia y de las evidencias científicas que se disponen”. Y refuerza su tesis insistiendo en los datos: en Catalunya, el 94% de los delincuentes sexuales no reincide en este tipo de delitos cuando quedan en libertad después de haber cumplido su pena: “Estamos al nivel de los estándares más exigentes”, y la cifra de violadores reincidentes “es menor en Catalunya que en el resto de España” y que en otros sistemas penitenciarios, como el francés. Soler reta a los críticos a reflexionar qué pasaría si se aplicasen políticas de reinserción más restrictivas: “Estoy seguro que el porcentaje de reincidentes sería muy superior a ese 6%”, augura.

El responsable de Rehabilitación de servicios penitenciarios afirma que de haber dispuesto de informaciones como que el violador consumía drogas –como asegura tajantemente el excompañero de prisión de Pardo- “hubiésemos parado la salida”. Pero Tomás Pardo no dio positivo en ninguno de los controles de drogas que se le hicieron al volver de los anteriores permisos que disfrutó, Y tampoco fue pillado ‘in fraganti’ consumiendo dentro de la cárcel.

Por otra parte, la madre de Pardo ha confesado que su hijo le engañó, al igual que hizo con su hermana, de cuyo hijo –su sobrino, de 15 años- se sirvió para sacar dinero de un cajero con la tarjeta de crédito que robó a se segunda víctima después de violarla y apuñalarla. Pero los informes anteriores a su última salida tampoco reflejaban que la conducta del preso generase dudas entre su entorno familiar más cercano. “Son elementos que tenemos en cuenta. Hablamos con su familia antes de concederle cualquier permiso, y no detectamos nada que nos hiciese pensar que no tuviera una buena acogida” fuera de la prisión, sostiene Soler.

Aun así, el representante del Govern hace autocrítica: “Estoy convencido que aplicamos el mejor sistema posible, pero no es infalible. Pero hay casos que no somos capaces de evitar. Y cada vez que ocurre un caso como éste, es un drama para nosotros”, concluye.

Loading...