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Problemas al implementar la ley que pone fin a la incapacitación: bloqueo de cuentas bancarias e incidencias laborales

   La norma debe estar completamente implementada en septiembre de 2024

   MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) –

   En septiembre de 2021 entró en vigor la ley que pone fin a la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, cambiando el sistema de tutela por otro de apoyo e información. Esta norma tiene tres años (hasta septiembre de 2024) para su completa implementación por su complejidad en cuanto a los aspectos que abarca.

   Sin embargo, esta complejidad se está comprobando ya con situaciones que han sido denunciadas por Plena Inclusión y que implican el bloqueo o cierre de cuentas bancarias a personas con discapacidad o incidencias laborales para sus familiares. En este sentido, la asesora jurídica de la entidad habla de una «mala comprensión» del texto aprobado y de una interpretación el fin de la incapacitación de las personas con discapacidad de manera literal.

   Tal y como explica a Europa Press, los tres años de implementación de la ley también suponen un periodo en el que las personas que hasta ahora contaban con tutela deben revisar su situación –de oficio o por propia solicitud–. Y, hasta que no se termina dicha revisión, siguen teniendo reconocida la incapacidad.

   Del mismo modo, ha recordado que, «la curatela persiste» como figura de apoyo en caso de necesidad. De forma que muchas personas con discapacidad intelectual pueden mantener esta figura, especialmente en aspectos económicos o patrimoniales.

BLOQUEO DE CUENTAS A PERSONAS CON TUTELA

   Lo que están haciendo los bancos, según ha indicado De Araoz, es aplicar la ley con «excesivo celo» y «desconocimiento» y bloquear cuentas que pertenecen a personas tuteladas, dando por hecho que con la entrada en vigor de la ley se termina esta tutela. También hay casos en los que, según ha denunciado, el banco envía cartas a las familias advirtiéndoles que pasados los tres años de periodo de implementación dejarán de tener acceso a esa cuenta, generando «incomodidad».

   El principal problema que acarrea esta situación es que la mayoría de esas cuentas están vinculadas a ayudas o prestaciones que llegan todos los meses y que ahora no las ingresan por el bloqueo. Tampoco pueden acceder al dinero que ya hay en dicha cuenta.

   La asesora jurídica de Plena Inclusión ha indicado que esta situación se ha dado con varios bancos en la Comunidad Valenciana y también se han recibido denuncias en Cantabria. Sin embargo, en esta última comunidad ha sido el propio juzgado el que ha enviado un oficio a la empresa para que no se produzca esta situación.

   La experta ha asegurado que estos casos se terminarán solucionando y, de hecho, ha llamado a no judicializar esta situación puesto que, según ha indicado, los plazos ante una situación como esta son muy largos. Por ello, recuerda que en organizaciones como Plena Inclusión pueden denunciar y asesorarse sobre el mismo.

OTROS INCIDENTES

   Estos casos se han registrado gracias al seguimiento que Plena Inclusión está realizando de la implementación de esta ley. Sus federaciones autonómicas van registrando los casos con problemas que les llegan y desde la entidad se van estudiando. Así, según ha reconocido De Araoz, se han podido detectar otros incidentes.

   Entre ellas, la asesora jurídica habla de problemas con las prestaciones de la Seguridad Social debido a «criterios interpretativos» o en temas de fiscalidad. También se han registrado casos relacionados con los derechos de los trabajadores.

   En este último punto, De Araoz ha indicado que se han registrado problemas en aquellos casos en los que familiares o personas cercanas a la persona tutelada tienen solicitado en el trabajo un turno especial para acompañar en algún momento del día a dicha persona. En estos casos, también se está dando por hecho que la incapacidad ya no existe y en algunas empresas «ese derecho ha desaparecido».

   Estas situaciones, según ha indicado la experta, es porque este cambio de sistema afecta a muchas más leyes de las que el legislador se podía imaginar. Es decir, aunque la nueva norma incluye la modificación de otros textos, «el legislador no cayó en muchos aspectos que influyen en la vida» de las personas con discapacidad y que también «había que adaptar».

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