Uno de los okupas de La Llagosta amenaza con liarse a machetazos con los vecinos que protestan para recuperar sus pisos

A grito de “fuera okupas” y “cobardes, salid” unos 200 vecinos de La Llagosta (Vallès Oriental) se han concentrado por segundo día consecutivo delante de la promoción de pisos afectados por una okupación masiva que ha dejado a diez familias sin su nuevo hogar. Abrumados por la presión ciudadana y la presencia de medios de comunicación, uno de los okupas ha amenazado con liarse a machetazos contra los manifestantes si continúan exigiendo que los intrusos abandonen las viviendas.

“Si bajamos nosotros, lo haremos con un machete así de grande, que tengo arriba, y que venga el primero y me diga algo. Yo iré a la cárcel, pero él se quedará sin piernas, sin brazos o sin vida”, ha declarado el okupa -preservando su anonimato- ante las cámaras de 8TV.

Se han producido algunos momentos de tensión cuando un grupo de vecinos y familias afectadas han empezado a llamar a los pisos

La concentración, que ha tenido lugar entre la calle Sant Francesc y la avenida del Turó, ha transcurrido de manera pacífica. No obstante, se han producido algunos momentos de tensión cuando un grupo de vecinos y familias afectadas han empezado a llamar a los pisos a través del interfono para interpelar a los okupas para que desistan de su pretensión de continuar en los pisos hasta agotar el proceso judicial.

A diferencia de la protesta del pasado jueves, los inquilinos de los seis pisos que permanecen ocupados no se han asomado a las ventanas ni han dedicado cortes de manga a los vecinos. El alcalde de la localidad, Óscar Sierra, que se ha sumado al acto reivindicativo, ha tachado a los okupas de “irresponsables” e “incívicos”, y también ha exigido a Mossos y policía local que, dentro de la legalidad, “actúen con firmeza” con los que “estropean la convivencia” del municipio.

El alcalde Óscar Sierra exige a Mossos y policía local que “actúen con firmeza” con los que “estropean la convivencia” del municipio

Sierra ha explicado que el ayuntamiento se ha puesto en contacto con el propietario del edificio, BBVA, para pedirle que intente agilizar la resolución del problema y denuncie judicialmente la ocupación ilegal. De hecho, poco después, la entidad financiera y los compradores de las viviendas, que estaban a punto de escriturar, han presentado una denuncia colectiva ante los Mossos d’Esquadra, que también están intermediando en el conflicto.

Este viernes un representante de la inmobiliaria, acompañado por los Mossos, ha podido verificar que sus llaves de la portería no servían porque los okupas habían cambiado la cerradura. No obstante, los intrusos han abierto la puerta para permitir que policía y comercial accedieran para comprobar cuántos de los 10 pisos del inmueble están ocupados. En total las viviendas afectadas son seis: cinco dúplex de la segunda planta y un piso de la primera, los inmuebles más grandes.

Los intrusos han abierto la puerta para permitir que la policía accediera para comprobar cuántos de los 10 pisos del inmueble están ocupados

En cada una de estas viviendas se han instalado uno o dos jóvenes con sus perros. La policía se ha limitado a identificarlos porque legalmente no pueden hacer nada más. Algunos de los okupas piden un piso social como condición para irse; otros, dinero. Un cerrajero enviado por la entidad financiera ha cambiado la cerradura de la calle, aunque los okupas podrán entrar y salir siempre que quieran porque los Mossos han exigido que se les diera una copia de la llave. El motivo: legalmente, ha dicho la policía, “es como si estuvieran en su casa”.

Si no se llegara a una medida negociada o el juez no considerara justificado realizar un desalojo exprés, el procedimiento judicial ordinario podría alargarse entre uno y dos años. Si bien las familias afectadas por lo que consideran “una okupación indigna” tendrán que esperar, por el momento han recibido un gran apoyo vecinal, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e, incluso, de otras familias del municipio en situación de vulnerabilidad que están ocupando pisos vacíos y que también han participado en la protesta.

Si no se llegara a una medida negociada o el juez no considerara justificado realizar un desalojo exprés, el procedimiento judicial ordinario podría alargarse entre uno y dos años
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