«En un momento en que niños y niñas mueren bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, al otro lado de la frontera el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está permitiendo una oleada de medidas represivas contra personas migrantes y refugiadas que se traducen en un trato negligente hacia la vida», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Para Guevara-Rosas, «esto sugiere un alarmante paralelismo con la política de la administración (del presidente estadounidense Donald) Trump».
En un comunicado, AI refirió que el 16 de mayo el Instituto Nacional de Migración (INM) de México anunció que una niña guatemalteca de 10 años murió en el hospital, donde fue trasladada después de haber llegado dos días antes a la Estación Migratoria de Iztapalapa, Ciudad de México, en compañía de su madre, quejándose de dolor de garganta.
El Instituto, que informó de este suceso este jueves, la había trasladado del estado norteño de Chihuahua en autobús, en un viaje de casi 20 horas, apuntó.
Amnistía señaló que ha documentado ampliamente los graves riesgos a los que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Una frágil situación «debido a las políticas estadounidenses y a la aquiescencia de México», apuntó.
Destacó que el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha el 29 de enero la política de «Quedarse en México», en virtud de la cual las autoridades estadounidenses han expulsado forzosamente a México a miles de solicitantes de asilo mientras esperan la resolución final de sus solicitudes.
«Cientos de personas que todavía están esperando en México para sus audiencias sobre sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos están atrapadas en un limbo legal y en situaciones potencialmente peligrosas. Chihuahua es uno de los estados donde cientos de solicitantes de asilo se ven obligados a esperar bajo esta política», expuso.
Enfatizó que personal de AI se ha reunido con organismos municipales, estatales y federales mexicanos en las fronterizas Tijuana, estado de Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, que confirmaron que el Gobierno mexicano no había proporcionado fondos significativos ni esfuerzos coordinados para atender a los miles de solicitantes de asilo que permanecen del lado mexicano.
«El Instituto Nacional de Migración tiene la responsabilidad de informar si esta niña de 10 años fue detenida por agentes de migración mexicanos en esta zona fronteriza, así como otras circunstancias que rodearon su detención y que finalmente terminaron con su muerte», puntualizó.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias a los familiares de la niña fallecida, y solicitó que se les permita tener acceso oportuno a la condición de estancia regular en territorio mexicano y a los diversos trámites que deben realizar por el fallecimiento.
También solicitó que, independientemente de la investigación que realiza por violaciones a derechos humanos, se realice una indagación exhaustiva de los hechos para determinar si la menor recibió la atención requerida y oportuna por el personal médico y operativo de la estación migratoria.
EFE/LJ
