El Acuerdo solicita a la comunidad internacional la atención inmediata a la catástrofe humanitaria, económica, política y social que afronta Venezuela, a fin que la misma sea atendida y solucionada por mecanismos que permitan el rescate del hilo constitucional e institucionalidad democrática.
La proponente del texto fue la diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano, quien recordó que esta declaración se aprueba luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que nuevamente se cometieran desmanes contra poblaciones enteras, “pero en el caso de Venezuela esto no fue garantía porque no hay respeto a estos derechos”.
Resaltó el hecho de que hoy el día a día de las familias venezolanas está marcada por la falta de medicinas, alimentos, la hiperinflación, la escasez y la inseguridad ciudadana, aunados a la terrible deserción escolar .
Asimismo se refirió a los más de 400 prisioneros políticos y centenares de exiliados, entre los cuales se cuentan los diputados Juan Requesens, Freddy Guevara, Julio Borges, Gaby Arellano, entre muchos otros, violándose también la inmunidad parlamentaria, al igual que otras personas que sin tener nada que ver con la política están prisioneros por haber escrito un twitter que no agradó al régimen
“No hay derecho a la salud, no hay medicinas, ni atención y sumergidos en una terrible crisis humanitaria muchos venezolanos no pueden comer tres veces y otros comen de la basura, lo que en muchos casos ha llevado al suicidio “, precisó.
Solórzano finalizó su intervención señalando que las madres venezolanas se debaten entre enviar sus hijos al colegio o darles de comer. “Esa es la realidad de un país que nos dijeron que era rico, cuando los únicos ricos son los que se llenan bolsillos con la plata que se roban del pueblo”, afirmó la parlamentaria.
En este contexto, tomó la palabra el médico infectólogo Julio Castro, quien narró dos historias que dejan en evidencia la gravedad del tema de la salud en el país por la escasez de medicamentos.
Habló del caso de Teresa, una mujer con VIH y tuberculosis pulmonar, que busca tratamiento por todos lados y no lo encuentra, a quien su familia la lleva cargada a la consulta porque pesa menos de 35 kilos, ya que no camina por desnutrición.
También contó la situación de José Alberto, profesor de educación física con malaria, a quien el tratamiento le cuesta 2 gramos de oro 80 ó100 dólares, pagando a mafias corruptas.
Destacó que estas personas pudieran recibir tratamiento si el gobierno no se negara a recibir la ayuda humanitaria y que estas historias pasan a formar parte de cifras, como la de 107 horas en fallos energía eléctrica, tiempo en el que pueden ocurrir fatalidades.
Otra probabilidad en cifras es que en las emergencias de los hospitales se consiga menos del 50 % de los medicamentos necesarios, lo cual también es responsabilidad del Estado.
Detalló el galeno situaciones que revelan el deterioro sistemático de las condiciones vida del ciudadano y sus derechos humanos, producto del desmantelamiento del estado de Derecho y del modelo económico inviable, lleno de corrupción e impunidad que ha causado un gigantesco daño patrimonial que mantiene el 80 % población en miseria.
Explicó Castro que desde este contexto nació la iniciativa ciudadana como la articulación ciudadanos y movimientos sociales, en nombre de las cuales ofreció al Parlamento propuestas para atender la emergencia humanitaria y una transición concertada.
Declaró el compromiso incondicional de esta red con la defensa de los derechos humanos, coadyuvando en la búsqueda consensuada de salidas a la crisis, en especial para la realización de una Investigación enmarcada en proceso de auditoría social conjunta entre Asamblea Nacional y ciudadanía para determinar responsabilidades de corrupción, considerando además que es este Parlamento la institución idónea para dirigir a transición hacia el cambio político.
Cabe destacar, que los parlamentarios aprobaron incluir en el Acuerdo el agradecimiento a los países amigos así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Iglesia y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la preocupación por el problema venezolano en materia de graves violaciones de Derechos Humanos así como la atención y auxilio prestado a los compatriotas refugiados en distintas naciones a quienes se les ha respetado su dignidad en todo momento.
De igual forma instó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acelerar cuanto antes su visita a Venezuela solicitando que la misma se haga en un marco institucional e imparcial, atendiendo de manera oportuna a todas y cada una de las víctimas de la persecución y violación de los Derechos Humanos a manos del gobierno de Nicolás Maduro.
También pidió atención a los casos de violación al derecho de representación, control y legislación que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Nacional (AN) y que le ha sido arrebatado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el Ejecutivo nacional.
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