Desde las primeras horas de la madrugada, civiles fuertemente armados y encapuchados, y antimotines arremetieron con disparos el campus ocupado por jóvenes que custodian, con morteros artesanales y escudos improvisados, barricadas que levantaron con adoquines y arena.
Con el rostro oculto por una pañoleta y con un mortero artesanal, un joven, que se identificó como un estudiante de medicina, de 25 años, aseguró la AFP: «Desde la una de la mañana inició el ataque de paramilitares del gobierno con arsenal bélico, nos rafaguearon con metralletas».
«Nos están tirando a matar. Al pueblo lo están masacrando… a los jóvenes. Estamos siendo asediados. Tuvimos ocho horas de ataque, esto es una guerra muy desigual», dijo el muchacho en los predios de la Universidad.
En una transmisión de Facebook Live, otro joven con pañuelo en la cara aseguró que había francotiradores también y reportó «14 heridos y dos fallecidos», pero los grupos de derechos humanos aún no confirman el balance de los graves incidentes, que se extendieron a barrios del oriente de la capital.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CNE) envió a cuatro sacerdotes a la zona para verificar la situación. «Que cesen los ataques, esta ola de violencia, queremos pedirles en nombre de Dios que cesen esto», dijo el cura Raúl Zamora en la Universidad.
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPD), Álvaro Leiva, dijo que el ataque busca «sembrar el terror en la ciudadanía» para frenar la «Marcha de las flores», convocada por grupos civiles para la tarde de este sábado en memoria de las víctimas de la violencia.
El líder estudiantil Lesther Alemán dijo que se valora la cancelación de la marcha «no por miedo, sino por seguridad de los nicaragüenses. «El genocida ha intimidado desde anoche a Managua, demostrando su cobardía por medio de las armas», dijo en Twitter.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático.
– «No nos vamos a rendir» –
En un transmisión por celular de un grupo de estudiantes se escuchan detonaciones de armas de fuego. «No nos vamos a rendir», gritan los jóvenes con los rostros ocultos.
«El gobierno de Ortega continúa reprimiendo y asesinando jóvenes», denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El sociólogo Oscar René Vargas consideró que lo ocurrido es una reacción a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viernes, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que denunció la represión estatal.
El gobierno «cree que tiene chance de crear una nueva correlación de fuerzas» antes que lleguen organismos internacionales de derechos humanos y se reanude el diálogo, declaró Vargas al Canal 12.
Poco antes del ataque, la CEN había convocado al gobierno y a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, a reanudar el lunes el diálogo para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
«Es imprescindible (…) que (el gobierno) nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio sobre las elecciones generales anticipadas», subrayó la nota.
El mandatario, un exguerrillero de 72 años que está en el poder desde hace 11 años, no ha respondido a la iniciativa de los obispos, pero ha manifestado su disposición de trabajar por la democratización del país.
Las conversaciones han sido suspendidas en tres ocasiones, la última una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales como la CIDH a investigar los hechos de violencia, pero el pasado miércoles accedió finalmente a hacerlo.
En la última semana aumentaron las incursiones de policías y civiles encapuchados y armados en ciudades como Estelí, Granada y Carazo, León y sobre todo Masaya luego de que el pasado lunes se declaró en rebeldía.
Encapuchados fuertemente armados, que apoyan al gobierno, vigilan varias vías de acceso a las ciudades, mientras que en los pueblos, barricadas de adoquines son custodiadas por pobladores con morteros artesanales.
AFP/ MC
