La audiencia especial contra Mairena, quien participa en el diálogo para superar la crisis sociopolítica que atraviesa este país, se celebró a puertas cerradas, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las autoridades también negaron el ingreso a la audiencia a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (Acnudh) que llegaron a conocer el estado del líder campesino, según denunció la CIDH a través de Twitter.
La Policía nicaragüense afirmó en un comunicado que Mairena «es el responsable directo de la masacre y asesinatos de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria como resultado de ese cobarde acto terrorista».
Los cuatro policías y el maestro fallecieron el jueves pasado en el municipio de Morrito, en el sureste de Nicaragua, en un tiroteo entre agentes de seguridad y personas que protestaban contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Mairena fue arrestado junto con otro líder campesino, Pedro Mena, al ingresar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando se disponían a viajar fuera del país, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que no especificó el destino de los campesinos.
«Este criminal es uno de los cabecillas de la organización e instalación de los tranques (bloqueos de vías) en todo el territorio nacional, desde donde terroristas encapuchados con armas de fuego azotaban a los pobladores», agregó la Policía nicaragüense.
Los organismos humanitarios locales han criticado la detención, pues no consideran a Mairena como un terrorista, sino un campesino que le ha reclamado durante 5 años a Ortega por negociar sus tierras con el empresario chino Wang Jing, para construir un canal interoceánico.
Esta es la primera vez que miembros del diálogo nacional son arrestados por el Gobierno de Nicaragua, lo que le daría ventaja al presidente Daniel Ortega en las negociaciones para superar la crisis.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más cruda desde la década de los años 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente, y que ha dejado más 350 muertos, según organismos humanitarios.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE/ FR
