Cuando a finales de octubre cinco tribunales de provincias suspendieron los preparativos del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, la oposición de Venezuela pareció conseguir en esa gran frustración colectiva el impulso que necesitaba para provocar un cambio después de 18 años de dominio chavista. Con un brío inédito hasta la fecha, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se hizo con la iniciativa política y puso contra la pared al régimen. Eran días soñados para los opositores: la Asamblea Nacional amenazaba con declarar la responsabilidad política del jefe del Estado —que finalmente concretó en enero, cuando resultó intrascendente—, se disponía a renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral con períodos vencidos y a subsanar las irregularidades cometidas cuando el chavismo, en los estertores del período parlamentario anterior, había nombrado a las volandas y sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución a 12 fieles como magistrados del Supremo.
