Así lo informó hoy en Santo Domingo la Colectiva Mujer y Salud, una organización que trabaja por los derechos de la mujer en la República Dominicana y que asiste legalmente a Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte, conocida como ‘Esperancita’, quien falleció cuando tenía 16 años.
Un comunicado de la Colectiva Mujer y Salud explicó que la CIDH le trasladó recientemente al Estado dominicano la petición que en agosto de 2017 le hizo Hernández, en la que le solicitó al organismo interceder para que la Justicia dominicana investigue los hechos que rodearon la muerte de su hija.
Asimismo, para que se establezcan las responsabilidades correspondientes e implemente los correctivos necesarios para asegurar que las mujeres embarazadas no mueran por falta de tratamientos médicos oportunos y adecuados, incluido el aborto cuando se requiera para salvaguardar su salud o su vida.
El Estado dominicano cuenta con tres meses para responder a la solicitud, de acuerdo con la información.
Rosaura Almonte tenía 16 años cuando le diagnosticaron una leucemia y al mismo tiempo le informaron que tenía un embarazo de siete semanas.
Aunque necesitaba quimioterapia, no se la iniciaron a tiempo porque los médicos dieron prioridad al embarazo, de acuerdo con el comunicado de la Colectiva Mujer y Salud.
Después de mes y medio internada en un hospital de Santo Domingo, la adolescente murió en agosto de 2012 «por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado», subrayo la nota.
Tras su muerte, su madre inició varios procesos legales en el país que no fueron resueltos satisfactoriamente, por lo cual en agosto de 2017 acudió a la CIDH.
En la petición, Rosa Hernández le reclama al Estado por las fallas tanto del sistema de salud que no le brindó atención adecuada ni oportuna a su hija, como del sistema de justicia que no ha avanzado en la investigación del caso y que, incluso, le ha negado el derecho a acceder al expediente judicial.
El caso de ‘Esperancita’ revivió el tema del aborto en el país, donde la interrupción del embarazo está prohibida en todos los supuestos.
Diversos colectivos llevan años reclamando la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable y cuando es el resultado de una violación o incesto.
En abril pasado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una propuesta que excluye del Código Penal los tres causales para la despenalización del aborto, lo que ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país, para que se admitan esas causales en la interrupción del embarazo.
El Código Penal dominicano, sancionado por el Congreso Nacional en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias.
EFE / EKB
