En un comunicado, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), indicó que el ESE, de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Las autoridades de Ecuador y Colombia atribuyen al frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, el crimen de Ortega (periodista), Rivas (fotógrafo) y Segarra (conductor) ocurrido en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018.
En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador lleva a cabo, según el escrito de Fundamedios.
Se solicita por ello a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y la que falta por examinar sea suministrada de «manera expedita y oportuna», puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando «reserva de la investigación», anotó.
En ese sentido el ESE le recuerda al Estado «la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que acceda a la totalidad de la investigación».
En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE evidencia avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía, con la captura y judicialización de al menos tres de los presuntos coautores del crimen.
Pero en territorio ecuatoriano «no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables», señala el escrito.
Y observa la necesidad de que la Fiscalía realice un esfuerzo integrador para incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, «en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018».
El ESE recomienda a la Fiscalía «incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico», dice el comunicado de Fundamedios.
Además, agregar a su plan de trabajo actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística y si ello «afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley».
El ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro.
Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente.
También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.
El ESE está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza.
Está previsto que el próximo mes se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico, apuntó Fundamedios.
EFE / EKB
