Según el ente judicial, los comunicadores, asesinados el 24 de abril de 1991, habían viajado a Segovia, en el departamento de Antioquia (noroeste), «para realizar una crónica sobre la masacre que llevó el mismo nombre de ese municipio».
La «Masacre de Segovia» ocurrió el 11 de noviembre de 1988 y dejó 46 personas muertas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar de un grupo comandado por Fidel Castaño Gil, alias «Rambo», líder de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
«No pasaron cuatro horas desde que los comunicadores pisaron suelo antioqueño cuando fueron atacados a bala por hombres que se desplazaban en motocicleta por la avenida La Reina», indicó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación permitió establecer que el homicidio de Chaparro y Torres fue ejecutado por integrantes del ELN que creyeron que los periodistas hacían parte de la «inteligencia militar».
Los encargados de coordinar la muerte de los comunicadores, identificados como Joaquín Julio Lezcano y Ramiro Alonso Madrid Lezcano, ambos miembros de las redes urbanas de apoyo de la guerrilla, confirmaron en ese momento la autoría del hecho.
También lo hicieron Magda Cecilia Castellanos Ruiz y William de Jesús Castrillón Sánchez, a quienes se les delegó la responsabilidad de cometer los asesinatos.
Sin embargo, durante el recaudo de pruebas se determinó que los implicados en el caso fallecieron por lo que dicha «circunstancia imposibilita el ejercicio de la acción penal contra ellos».
La Fiscalía precisó que «las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, en el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar».
Para los fiscales, el actuar de los cuatro milicianos no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal.
EFE / MV
