Así lo informó, la diputada DelsaSolorzano (UNIDAD-Dtto Capital), presidenta de la referida instancia legislativa, durante un derecho de palabra en la plenaria, quien adelantó que han recopilado material testimonial aportada por las víctimas, quienes señalan directamente a un efectivo de la Guardia Nacional que se encontraba en el local de ser el presunto responsable de la detonación de la bomba lacrimógena que ocasionó el lamentable hecho.
Destacó que el control del orden público, armas y explosivos en Venezuela,compete exclusivamente al régimen venezolano. Así como también, la posesión, manejo y tráfico de bombas lacrimógenas corresponde a los organismos de seguridad.
“Quien quiera que sea la persona civil o funcionario de seguridad que haya accionado una bomba lacrimógena, está la adquirió del estado venezolano. En consecuencia, el estado es el único responsable de un hecho tan grave que deje fallecidos y heridos”.
La legisladora aseveró que “esa misma bomba lacrimógena que fue detonada en ese club social, también fue usada para atacar a manifestantes en las protestas antigubernamentales que ocasionó la muerte de varios venezolanos”.
Destierro de Villcar Fernández es inconstitucional
La parlamentaria se pronunció acercadel destierro aplicado al dirigente Villca Fernández, dirigente estudiantil quien fue recientemente excarcelado, el cual a su juicio, calificó la medida como “irregular, inconstitucional e inhumana” como el régimen de Maduro, decidió de forma obligatoria “montarlo en un avión y mandarlo para Perú, en contra de su propia voluntad”.
“Esta Asamblea Nacional levanta la voz contra el destierro y levanta la voz de la opresión que pretende imponer el régimen. Queremos ser la voz de Villca Fernández, pero también, de los cuatro millones de venezolanos que se han visto obligados abandonar a nuestra patria y buscar mejores condiciones de vida en otras latitudes, pero que anhelan regresar a Venezuela “, expresó.
Durante la Sesión Ordinaria de la AN, celebrada este martes, la diputada reiteró que la pena de extrañamiento está prohibida de manera expresa en la Constitución vigente del año 1999. NP
EA
