Para evitarlo, la comunidad del asentamiento Aseimpome, en la inspección El Porvenir, que forma parte del departamento del Meta (centro), pide al Gobierno colombiano que reconozca sus tierras como ancestrales y blinde el derecho a su propiedad.
«Si el gobierno no nos reconoce vamos a sufrir nuevamente», explica a Efe en su escaso castellano el cabildo gobernador del asentamiento, Mauro Chipiaje Gaitán.
La esperanza de esta comunidad radica en que se les aplique el decreto 2333.
Este texto legal de 2014 protege las zonas ancestrales de los pueblos indígenas colombianos y es claro al respecto: habilita al Estado a reconocer por decreto la propiedad colectiva de estas tierras.
«Donde está El Porvenir sufriremos las consecuencias de las (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) Zidres. Por eso están peleando los grandes ricos y empresarios, para que no nos reconozcan ese territorio», apunta Mauro.
Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social se crearon en 2016 en áreas aisladas y de alta pobreza para fomentar el desarrollo a través de la producción agrícola.
La comunidad está formada por 42 familias (225 personas) y habita unas tierras declaradas baldías tras la muerte de su anterior propietario, el terrateniente esmeraldero Víctor Carranza.
Ahora estas tierras están en disputa: a los campesinos que las habitaban hay que sumarle otro grupo de agricultores que llegaron allá atraídos por falsas promesas de tierras y colonizaron de nuevo la zona.
El gobernador Chipiaje cree que detrás de estas falsas promesas están los «carranceros».
«Nos plomearon (dispararon) acá en el sitio, donde estamos ahora. Hubo plomo. Los carranceros nos plomearon», sentencia el cabildo, que agrega, no obstante, que por el momento «están felices» porque todavía «no han llegado» a las áreas en que viven ahora.
A Carranza, fallecido en abril de 2013, las autoridades le abrieron investigaciones por presuntos vínculos con paramilitares, incluso varios jefes de estos lo acusaron de crear grupos al margen de la ley para defender sus tierras y sus minas de esmeraldas, aunque nunca lograron probar su culpabilidad.
Los indígenas de El Porvenir pertenecen a las etnias sikuani y kubeo y fueron desplazados de su territorio dos veces: la primera, el 10 de mayo de 1994, por las FARC, y la segunda en 2005, por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El recuerdo de esos años ha quedado grabado a fuego en su memoria.
«Hubo reclutamiento, nos llevaron a los muchachos, violaron a las mujeres, a los niños y se llevaron a cuatro jóvenes de 16 y 18. Volvieron dos, no más», afirma Chipiaje sobre el ataque de la guerrilla.
Como consecuencia de esta violencia, abandonaron sus tierras ancestrales y se desplazaron a La Primavera, en el departamento de Vichada (fronterizo con Venezuela y limítrofe con el Meta), donde permanecieron un año.
Diez años después, esta comunidad indígena volvió a ser víctima de otro ataque, esta vez de las Autodefensas de Meta y Vichada, que formaban parte de las AUC y eran lideradas por José Baldomero Linares, alias «Guillermo Torres».
«Nos tocó irnos del todo. Reclutaron a cuatro mujeres y a dos hombres, de los que volvieron un hombre y una mujer», resume.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello es el gran aliado de la comunidad en el proceso judicial de reconocimiento que tienen abierto.
Por el momento, se encuentra en punto muerto después de que un juez de Puerto López, en el departamento del Meta, lo haya paralizado.
Sobre el proceso han depositado sus últimas esperanzas los sikuani y kubeo de El Porvenir. El anhelo de no tener que vivir por tercera vez el mismo drama del desplazamiento.
EFE / EKB
