Una búsqueda en Google de la página de la Corte Constitucional, arroja el mensaje «Owned For Julian Assange» (Propiedad de Julian Assange) en el lugar en el que normalmente aparece por referencia el nombre de la institución y al intentar ingresar en la dirección, señala: «Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio».
En un comunicado colgado en su perfil de la red social Twitter, la Corte Constitucional informó de que los ataques ocurren desde las 06.00 hora local (11:00 GMT) del jueves.
«El último ataque fue aproximadamente a las 04h00 de este viernes 19 de abril y consiste en la inyección de un código cuyo objetivo es la denegación del servicio», dice.
Además, «se detecta un ingreso para redireccionar la página, lo que lleva como resultado que no se tenga acceso al portal de la institución».
La Corte apuntó en el escrito que de momento verifican «todos los posibles huecos de seguridad antes de levantar nuevamente los servicios, que se lo realizará en la próximas horas».
«Toda la información que se despliega en nuestro portal es pública y está debidamente respaldada tanto física como digitalmente, y archivada con absoluta seguridad», concluye la nota oficial.
El pasado lunes, Ecuador anunció que buscará asistencia internacional para repeler olas de ataques cibernéticos como los sufrió desde que retiró el asilo a Assange, cuyos partidarios presume que intentan provocar una «guerra informática».
«Sí vamos a recibir ayuda, efectivamente a raíz de que empezamos a tener ataques hubo llamadas de otros Estados para ofrecer el apoyo que nosotros pudiéramos requerir», explicó entonces el viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Patricio Real.
Desde el 11 de abril, los servidores y páginas ecuatorianos han sido blanco de más de 40 millones de ataques, y se cree fueron afectadas por grupos y seguidores de Assange, de WikiLeaks y otros adeptos de la red de hackers «Anonymous».
«Somos Anonymous. No olvidamos. Estamos hackeando (…) los sistemas del Gobierno de Lenín Moreno», decía el mensaje difundido el sábado pasado por un individuo enmascarado con acento español, antes de revelar una supuesta cuenta del presidente ecuatoriano en Suiza, donde residió hace unos años.
Los ataques procedieron principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria y Reino Unido, pero también del territorio ecuatoriano, si bien las autoridades aclararon que no significa que sus autores se encuentren físicamente en esos países.
Según el secretario particular de la Presidencia ecuatoriana, Juan Sebastián Roldán, no lograron su objetivo «porque estaban preparados».
Los ataques ocurrieron luego de que Quito le retirase el asilo a Assange, quien ahora se encuentra detenido en Londres, a la espera de una decisión sobre una eventual extradición a EE.UU., donde teme ser condenado a prisión acusado de «conspiración para infiltrarse en ordenadores» gubernamentales a fin de obtener información clasificada.
La Cancillería, el Banco Central, la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Servicio de Rentas Internas, la empresa pública de telecomunicaciones CNT y varios gobiernos locales fueron los blancos favoritos, pero no los únicos.
Todo el caso está bajo investigación junto al de una presunta red de espionaje dentro del país, un caso en el que ya ha sido detenida una persona y otras dos son investigadas.
Se trata del sueco Ola Bini, residente en Ecuador y que según el Gobierno visitó a Assange en «catorce ocasiones», la última en enero pasado, así como dos «hackers» de nacionalidad rusa.
Dag Gustafsson y Görel Bini Gustafsson, padres de Bini, creen que su hijo ha sido arrestado por «la amistad» que tenía con Assange y por tener «un montón de ordenadores y equipos electrónicos», pero aseguraron que no forma parte de WikiLeaks. EFE
EA
