«Al Gobierno de Nicaragua no le importa las menciones (llamados) de la comunidad internacional, no hay esa voluntad, esa intención, por restablecer los procesos de diálogo y la democracia, hay más represión, más persecución, más ensañamiento hacia la prensa y ataques a las ONG», dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, a periodistas.
Este martes se cumplen 8 meses del estallido social de abril pasado, que desató una crisis que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos que califica de «terroristas», «golpistas, y «delincuentes comunes».
Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega desconoce la responsabilidad y argumenta que se defiende de un intento de «golpe de Estado».
Gobiernos, organismos multilaterales, ONG internacionales, sindicatos, partidos políticos, iglesias, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Acnudh, la CIDH, gremios empresariales, Amnistía Internacional, entre otros, han solicitado al Gobierno de Daniel Ortega un cambio en su política, sin éxito.
«Como CPDH instamos y pedimos una vez más al Gobierno que encauce los procesos de diálogo para que el pueblo de Nicaragua sea el beneficiado, porque está en una inseguridad total, en una indefensión total, no hay instituciones a las qué acudir», dijo Carmona.
Un proceso de diálogo nacional que se instaló en mayo pasado con la mediación de Iglesia católica fue suspendido semanas después, y el Gobierno no ha dado señas de que pretenda reactivarlo pese al llamado de múltiples sectores nacionales e internacionales.
Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal de las manifestaciones.
EFE / MV
