En su informe «Todavía en peligro: Voluntarismo internacional, segregación y abuso de niños, niñas y adolescentes» presentado en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, DRI explicó que documentó casos de explotación y trata de niños y adolescentes con o sin discapacidad en instituciones de Guatemala.
Según el director ejecutivo de DRI, el estadounidense Eric Rosenthal, el país «no ha creado las protecciones y el apoyo necesario para que los menores con discapacidad y viviendo en condiciones de pobreza, terminen en instituciones».
Aseguró que en los hogares, las niñas «son violadas y obligadas a prostituirse» y recordó que ello provocó el 8 de marzo de 2017 una protesta que terminó en un incendio con 41 menores fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción.
«Encerradas y sin la protección de la familia y la comunidad, las niñas, niños y adolescentes corren un riesgo mucho mayor de explotación, abuso sexual y físico, y trata con fines laborales», sostiene el informe.
Rosenthal afirmó que un año después de la tragedia, DRI encontró que las 15 sobrevivientes del incendio «siguen estando en riesgo» porque en lugar de invertir en apoyar a las familias, Guatemala crea nuevas instituciones.
Agregó que DRI encontró durante la investigación que el sistema de asistencia social de Guatemala «separa a los menores en situación de vulnerabilidad de sus familias y las expone al abuso y negligencia».
La investigación muestra que las condiciones en instituciones para menores con discapacidad son «particularmente peligrosas».
En un hogar situado en La Antigua Guatemala «DRI observó a cientos de niñas, niños y adolescentes atados a sillas de ruedas, a muebles y encerrados en jaulas», denunció.
En algunas instituciones, enfatizó, a los menores les afeitan la cabeza, nunca salen y «languidecen en la inactividad».
Según el informe, el Gobierno de Guatemala gasta 45 veces más en mantener a un niño con discapacidad en una institución que en apoyar a sus familias para que lo mantengan en su casa.
Expresa que los menores en Guatemala necesidad apoyo para permanecer, crecer o regresar con sus familias, pero «el financiamiento internacional está perpetuando la segregación al apoyar el sistema de orfanatos»,advirtió.
Dijo que hay voluntarios internacionales que pagan hasta 1.000 dólares por tener la oportunidad de ayudar a los huérfanos, pero no se dan cuenta que la gran mayoría de niños en instituciones «no son huérfanos sino que son entregados por madres y padres desesperados porque no tienen recursos para alimentarlos».
En los orfanatos, afirmó, existe hacinamiento y no hay supervisión adulta.
Rosenthal hizo un llamado al Estado de Guatemala para que se haga el mejor de los esfuerzos para que los menores estén con sus padres en lugar de enviarlos a las instituciones públicas.
Sobre el informe, el procurador general de la Nación, Luis Donado, reconoció que las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los menores «no son un secreto» porque «lastimosamente como Estado no hemos tenido la fortaleza para enfrentar el problema».
«El informe nos preocupa», pero la cooperación internacional «es fundamental para nosotros», dijo el funcionario.
En Guatemala existen al menos 40 hogares, 11 de ellos públicos, que atiende a niños, niñas y adolescentes, pero la «institucionalización» de los menores debe ser el último recurso y se debe dar prioridad a apoyar a sus familias, manifestó Oscar Rodríguez, defensor de la Niñez y Adolescencia.
EFE/ FR
