La indagación previa iniciada por el Ministerio Público se basa en un informe de indicios de responsabilidad penal sobre el endeudamiento público, elaborado por la Contraloría General del Estado y entregado a la Fiscalía el pasado 9 de abril, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
Este caso se fundamenta en denuncias sobre la declaración de reserva de documentación relacionada con operaciones de endeudamiento en el periodo de Correa (2007-2017), en supuestas irregularidades en procesos de venta anticipada de petróleo y en la expedición de un decreto que modificó el cálculo para determinar la relación entre la deuda y el producto interior bruto (PIB).
Por esas consideraciones, señala el boletín de la Fiscalía, «existirían irregularidades en el uso de la deuda pública interna y externa» en varias entidades durante el gobierno de Correa.
Sobre todo «en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras instituciones relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017», apunta el boletín.
Correa, tres exministros de Finanzas y otros siete funcionarios públicos «habrían actuado en virtud de la potestad estatal de los cargos que representaban y habrían incumplido los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado el límite, además de no registrar como deuda operaciones de preventa de petróleo», agregó la Fiscalía.
EFE/ MV
