El Gobierno de Daniel Ortega se comporta como un régimen corrupto y autocrático al que importan menos el bienestar y las libertades de los ciudadanos de Nicaragua que su propio poder, cuando se empeña incluso con violencia en impedir cualquier conato de oposición. En este caso, sus víctimas han sido ONG y medios de comunicación críticos. Impertérrito ante las condenas de organismos internacionales como Naciones Unidas, la UE o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Gobiernos democráticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como el Comité para la Protección de los Periodistas, Ortega sigue sin mostrar el menor asomo de rectificación, ni intención de abrir un diálogo.
Las protestas contra su régimen, que comenzaron en abril, han sufrido un alud de amenazas, encarcelamientos e incluso varios asesinatos, protagonizados por la policía o por escuadrones de la muerte. Ortega ha intensificado su asalto contra la sociedad civil con el indisimulado propósito de anular cualquier crítica. El régimen ha ilegalizado nueve ONG y ha irrumpido en las Redacciones del medio Confidencial y los programas de televisión Esta semana y Esta noche. Al ataque contra la libertad se suma el asalto contra la propiedad privada, porque en varios casos se ha producido una incautación de bienes.
La policía agredió además a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, un diario muy crítico que había publicado informaciones comprometedoras, como una investigación que vinculaba a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, con la represión. Que este medio se mantenga vivo desde habitaciones de hotel demuestra que muchos periodistas nicaragüenses están dispuestos a defender ahora sus libertades, igual que no se callaron bajo la dictadura de Anastasio Somoza. De hecho, el padre del director de Confidencial fue Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por esbirros somocistas en 1978, un acto que precipitó el final de aquel régimen.
Con este nuevo ataque, el propósito de Ortega no es solo silenciar las críticas del presente, sino hacerlas imposibles en el futuro mediante la desarticulación de las estructuras que fortalecen una sociedad civil ya muy debilitada. Contemplar cómo se extingue una democracia es un espectáculo desolador ante el que la comunidad internacional no puede quedar impasible. Por mucha indiferencia que haya mostrado el régimen ante las presiones y las críticas externas, lo peor sería que se terminara normalizando su asalto contra las libertades y contra quienes, desde los medios de comunicación críticos, proporcionan el espacio imprescindible para ese debate.
Editorial
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/12/17/opinion/1545074120_042388.html
