La resolución, presentada a instancia de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, urge al Gobierno nicaragüense a «respetar los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial».
Aprobada con 23 votos a favor, 3 en contra (Cuba, Egipto y Eritrea) y 21 abstenciones, la resolución «exhorta al Gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado» para los Derechos Humanos, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el debate previo a la votación, el embajador argentino ante el consejo, Carlo Mario Foradori, subrayó que la iniciativa fue presentada «luego de la violenta represión a las protestas populares y pacificas que tuvieron lugar en abril del año pasado, que causó la muerte de al menos 300 personas y más de 2.000 heridos».
Foradori también denunció que el Gobierno de Ortega ha llevado a cabo medidas para que en estos momentos «ningún mecanismo internacional de derechos humanos tenga presencia en Nicaragua» mientras persiste «la represión contra la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación».
El embajador nicaragüense, Adolfo Jarquín, aseguró que la resolución «niega los avances logrados» en el diálogo por la reconciliación, además de «inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua, desvirtuando la naturaleza del Consejo».
La resolución, añadió, se elaboró teniendo en cuenta informes de la CIDH y de Naciones Unidas «subjetivos, sesgados y notoriamente parcializados» y que omitieron la utilización de armas por parte de manifestantes o los ataques a las fuerzas de seguridad.
El representante cubano ante el consejo, Pedro Luis Pedroso, encargado de solicitar hoy la votación de la resolución por estar en desacuerdo con ella, aseguró que en el documento «se han dejado de lado los principios de respeto, diálogo, cooperación y no injerencia en los asuntos internos de los Estados».
«Éste es un caso mas de evidente manipulación de la causa de los derechos humanos, empleado de manera selectiva contra un país con el fin último de promover una agenda de cambio de régimen anunciada y públicamente reconocida por el Gobierno de Estados Unidos», concluyó.
EFE / MV
