La decisión fue tomada por la fiscal Lourdes Téllez, de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que reasignó el caso a la fiscal Zoila Sueno Chirinos, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Según señaló el Ministerio Público en Twitter, Téllez ordenó la medida «ante la necesidad de dedicación exclusiva» de Pérez al equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú «y frente a la posibilidad de cuestionamientos y nulidades procesales por presunta parcialidad en la investigación del caso».
La decisión se informó mientras Pérez sustenta hoy ante un tribunal el pedido de prisión preventiva contra el exministro fujimorista Augusto Bedoya, uno de los diez investigados en un caso de presunto lavado de activos por el que Keiko Fujimori fue enviada la semana pasada a prisión preventiva.
Medios locales recordaron, además, que Téllez solicitó hace dos semanas a Pérez un informe sobre la designación, en diciembre pasado, de su esposa como jefa de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
Además, se produce después de que el fiscal general, Pedro Chávarry, cuestionara la diligencia de Pérez en la investigación del caso Chinchero y lo acusara de actuar en alianza política con el Gobierno del presidente Martín Vizcarra, con quien el jefe del Ministerio Público mantiene un abierto enfrentamiento.
El pasado miércoles, después de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión contra Keiko, Pérez declaró a los periodistas que se debía evaluar la permanencia de Chávarry como máxima autoridad del Ministerio Público.
El fiscal general es seriamente cuestionado por sus presuntos vínculos con una trama de corrupción conocida como «Los cuellos blancos», que supuestamente dirigía el ex juez supremo César Hinostroza, actualmente detenido en España mientras se resuelve un pedido de asilo que ha solicitado y su eventual extradición a Perú.
Como parte de las pericias del caso Chinchero, el fiscal Pérez abrió en febrero pasado una investigación preliminar a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y de las agencias estatales Proinversión y Ositran.
La investigación se realiza por presuntas irregularidades en la firma de la adenda que realizó el Gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski con la empresa que había ganado la concesión para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco, en la localidad sureña de Chinchero.
Por este caso, Chávarry presentó el jueves pasado una denuncia constitucional ante el Congreso contra el exministro de Economía Alfredo Thorne, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Portavoces del Gobierno señalan, sin embargo, que el verdadero objetivo de Chávarry es el presidente Vizcarra, quien era ministro de Transportes y Comunicaciones cuando se firmó la adenda de Chinchero.
EFE/ FR
