Los Gobiernos de Malasia e Indonesia han usado un tono fuerte para denunciar la dejadez del Ejecutivo de Birmania (Myanmar) en investigar los supuestos delitos perpetrados por el cuerpo castrense y extremistas budistas contra la población rohinyá, de mayoría musulmana y no reconocida por Naipyidó.
No obstante, Birmania, liderada de facto por la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se ha escudado una y otra vez en el «principio de no injerencia en asuntos internos» que rige en la comunidad y que ha sido calificado de «bloqueo» por instituciones en favor de los derechos humanos.
«Creo en el principio de no interferencia. Pero, ¿Puede el mundo observar como se realiza una masacre y no hacer nada? (…)
Las naciones son independientes.
Pero, ¿significa que tienen derecho a masacrar a su propia población?», espetó el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, durante la Asamblea de Naciones Unidas.
Los mandatarios de los diez países que conforman la ASEAN -Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas- coincidirán desde mañana, martes, en Singapur en una cumbre de tres días donde la crisis humanitaria de los rohinyás estará muy presente en las conversaciones.
Al menos 10.000 personas murieron y 725.000 rohinyás buscaron refugio en Bangladés por las operaciones militares en Rakáin (oeste de Birmania) que comenzaron el 25 de agosto de 2017 en respuesta a varios ataques de insurgentes, según el informe de la misión investigadora de la ONU.
Tanto el Ejército como el Ejecutivo birmano niegan los abusos sistemáticos por parte de los uniformados, a quienes se les acusa de violaciones, saqueos, quema de viviendas y asesinatos, entre otros delitos.
«Más de la mitad de la población de los países de la ASEAN es musulmana, mientras el siguiente grupo son budistas.
Las diferentes posturas entre países con respecto a la crisis rohinyá pueden crear brechas insuperables dentro de la asociación», declaró a Efe el exdiplomático tailandés y asesor de un comité formado por Suu Kyi para analizar la crisis Kobsak Chutikul.
Una posición menos alarmista defiende el profesor de Ciencias Políticas Nadzri Mohamed Noor, de la Universidad Nacional de Malasia, al recordar que durante la década de los noventa y principios de siglo ya hubo situaciones parecidas.
«Las conversaciones continuarán como de costumbre, aunque podemos esperar gresca respecto a esta cuestión (…) sin afectar seriamente la unidad», apunta a Efe Nadzri.
Birmania y Bangladés firmaron en noviembre de 2017 un acuerdo para la repatriación de los refugiados rohinyás, que tras meses de retraso se prevé entre en funcionamiento el próximo jueves, con la vuelta de unas 2.260 personas a territorio birmano.
Un regreso criticado por la falta de garantía en seguridad y las condiciones de segregación racial en las que viven los rohinyás en Rakáin, apunta la ONU y organizaciones garantes de los derechos humanos.
«Es crucial que la ASEAN como entidad presione al Gobierno birmano para resolver la raíz de la crisis. Lo que incluye terminar con todas las discriminaciones contra los rohinyás», apunta a Efe el parlamentario malasio Charles Santiago, quien también opina en que la unidad no se verá afectada.
«La ASEAN debe asegurar que el proceso de repatriación solo comience cuando se den garantías de seguridad y derechos humanos a los rohinyás», apunta Santiago, también director del organismo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos.
El ministro singapurés de Exteriores, Vivivan Balakrishnana, y su homólogo tailandés, Don Pramudwinai, viajarán en una fecha no precisada a la capital birmana para trabajar sobre la repatriación de los rohinyás.
«Los temores sobre la entrada de refugiados en la región y las preocupaciones por la seguridad pueden haber llevado a los Estados (de la ASEAN) a tomar una postura más firme sobre el tema y empujar a Birmania a cumplir sus acuerdos», indica a Efe la doctora de políticas migratorias, Richa Shivakoti.
La académica, actualmente en la holandesa Universidad de Maastricht, resalta que habrá que esperar a la reacción de Naipyidó, que «no ha cambiado su política a pesar de la condena internacional».
«Una demanda conjunta de la ASEAN para que se lleve a cabo la repatriación de los rohinyás es un buen punto de partida (…) los países han informado a Birmania que están dispuestos a ayudar para facilitar el proceso, algo que ya ha sucedido con anterioridad», comenta.
«Si el Gobierno de Birmania se niega a tomar nuevamente medidas, la ASEAN no tiene muchas opciones para obligar a (uno de) sus miembros a actuar en consecuencia y podría terminar aislando al país», valora Shivakoti.
EFE/ FR
