Borrell, que clausuró en Barcelona unas jornadas sobre «La Democracia Constitucional en el siglo XXI», defendió «consolidar» el mecanismo de extradición entre países europeos en contraposición a las críticas de algunos partidos españoles.
En declaraciones a la prensa, al ser preguntado por la resolución de un tribunal alemán que aprobó la extradición de Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos y no por uno de rebelión, como pedía la Justicia Española, Borrell afirmó que «la euroorden es un instrumento para construir un espacio jurídico europeo» y el gobierno alemán y español no pueden intervenir.
«Es precisamente la gracia de la euroorden.
Antes era una relación de gobierno a gobierno, en la que un ministro de Interior le decía al otro ministro que extraditara a alguien. Ahora es el juez español el que pide y el juez alemán el que contesta. Los gobiernos no pueden intervenir», aseveró.
Puigdemont, imputado por un presunto delito de rebelión por el Tribunal Supremo español por el proceso independentista catalán, huyó fuera de España en octubre pasado y fue detenido en marzo de este año en Alemania, en virtud de una euroorden.
También se refirió a esta cuestión durante su discurso al afirmar: «quienes dicen que el Gobierno español ha sido condenado por jueces alemanes… Perdone, la euroorden es un diálogo entre jueces y el Gobierno no está para nada».
Borrell admitió asimismo «no estar de acuerdo» con aquellos partidos que reclaman «suspender las euroórdenes», que defendió como «un gran avance en la construcción del espacio judicial europeo».
«Tenemos que consolidarlo.
¿Hay cosas que se pueden discutir?
Claro que sí.
Estamos intentando construir una unidad entre países que permita dar confianza de un juez de un país a otro.
Se pueden criticar, pero no tiremos por la ventana una cosa importante como la euroorden», insistió.
La orden europea de detención y entrega, conocida como «euroorden» es la normativa que sustituyó en la Unión Europa a la tradicional extradición, sobre la base de prescindir de la intervención de la autoridad política y basada en el principio de reconocimiento mutuo por parte de los países de la UE.
EFE/ FR
