«En el suroeste del país tenemos más de 140 órdenes de captura y en el caso de las personas que han estado asediando a los reinsertados de las FARC hay 40 órdenes de captura», dijo Martínez a periodistas.
Entre las causas de los asesinatos, explicó Martínez, «la mayor parte tiene que ver con su labor como defensores de derechos humanos. Hay otras causas, pero esa es la más importante».
Desde el punto de vista de los victimarios, agregó, «cuantitativamente quienes más afectan a nuestros líderes son las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las FARC».
Por lo anterior, a juicio de la Fiscalía las víctimas eran promotores de la legalidad en sus territorios, motivo por el cual se convirtieron en una «amenaza» para los grupos ilegales.
Según datos oficiales, entre el primero de enero de 2016 y el 6 de julio pasado fueron asesinados 181 líderes sociales, de los cuales en 89 casos ya se ha aclarado quiénes son los autores, hay 18 sentencias generadas y 168 personas capturadas.
A futuro, «lo que más nos interesa es que haya prevención para que no haya ni un solo asesinato de líderes o defensores, cuya custodia le corresponde a la sociedad en la medida en la que ellos son los que defienden las causas comunitarias», puntualizó Néstor Humberto Martínez.
La semana pasada se recrudeció en Colombia la violencia contra estos líderes y al menos ocho de ellos fueron asesinados, acciones que fueron condenadas por el presidente Santos y por el presidente electo, Iván Duque.
Según el director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 de estos activistas han sido asesinados en el país desde noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo dijo en un informe que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311 líderes.
EFE/ MC
