Inicio Venezuela Expresidente de Guatemala dice que exministro ya fue absuelto por ejecuciones

Expresidente de Guatemala dice que exministro ya fue absuelto por ejecuciones

Durante un receso en la audiencia que se inició este viernes a las 10.00 hora local (16.00 GMT) y se tiene previsto que concluya a las 00.00 hora local (06.00 GMT) del sábado, Berger afirmó que las denuncias que presentó el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) «son lo mismo» de lo ya resuelto en España.

La imputación presentada por la Fiscalía local «tiene el mismo contenido que las denuncias que el tribunal utilizó en el juicio contra Carlos Vielmann en España», por lo que añadió que se esforzará en que «la señora juez lo va a ver muy claramente y lo va a sancionar de la misma forma (absolver) en el presente proceso».

La repetición del proceso en Guatemala, como lo percibe quien dirigió el país centroamericano de 2004 a 2008, se debe a las «luces y sombras» que tienen «todas las instituciones», como «la Cicig y la Fiscalía», a quienes recomendó colaborar «enormemente» con investigar temas de «la realidad», como las extorsiones y las muertes de pilotos.

Vielmann -exfuncionario de la administración Berger-, está acusado junto a otras personas, entre ellas el exviceministro Kamilo Rivera (quien ingreso a la cartera del Interior en enero de este año) de participar en «siete hechos nuevos» cometidos por una estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales dentro de dicho Ministerio, durante el período del 2004 al 2007.

En esa época era ministro Vielmann, juzgado y absuelto en España por crear un cuerpo policial clandestino que asesinó en 2005 y 2006 al menos a ocho presos.

El exministro dijo que la imputación le parecía «absurda», criticó que ocho días más tarde a su detención empezaron las imputaciones de la Cicig y la Fiscalía y sostuvo que la Comisión adscrita a Naciones Unidas «se volvió una policía política que nos tiene secuestrados políticamente».

Calificó de «barbaridad» la figura de «colaborador eficaz» (testigos protegidos) que en su caso «eran integrantes de las bandas Agosto Negro y Pasacos, criminales que han generado grandes dolores a la ciudadanía».

Coincidió con Berger en que ya había sido juzgado en España, por lo que describió el actual proceso de «montaje», pues «fueron los de la Cicig quienes estuvieron llevando la documentación y testigos a España; testigos que eran secuestradores, que cortaron orejas a niños, testigos que dejaron libres».

El caso se remonta al 22 de octubre del año 2005, cuando se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla denominada «El Infiernito».

En ese entonces, las autoridades pusieron en marcha el «Plan Gavilán» con el objetivo de recapturar a los prófugos, pero la que parecía ser «una orden normal» dentro de las fuerzas policiales ante una situación era «sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC».

Según la Fiscalía, la estructura que operaba en la cartera del Interior y en la Policía cometió «graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente».

Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda y, posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.
La actual investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales.

EFE / EKB