Los diputados votarán el próximo martes, día 15, el pacto negociado entre el Gobierno británico de Theresa May y la UE, pero todo indica que los parlamentarios no lo respaldarán por las inquietudes que ha generado la salvaguarda pensada para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
«Si el acuerdo es rechazado, a lo que al final llegaremos no será a un tipo diferente de ‘brexit’ sino a una parálisis del ‘brexit’, y una parálisis del ‘brexit’ puede, al final, llevar a que no haya ‘brexit'», afirmó el ministro en unas declaraciones a Radio 4 de la BBC.
El titular del Foreign Office insistió en que un rechazo parlamentario puede perjudicar la reputación del Reino Unido en el extranjero, después de que los británicos votasen a favor de la salida de la UE en el referéndum celebrado en junio de 2016.
«Si nosotros, como clase política, no cumplimos con el ‘brexit’, supondrá un incumplimiento fundamental de la confianza entre el pueblo y los políticos. Creo que es algo que lamentaremos por muchas generaciones», recalcó el responsable de la diplomacia británica.
Cuando faltan menos de tres meses para el «divorcio» del club europeo, el Parlamento está más dividido que nunca sobre los pasos a seguir y sobre el plan negociado entre Londres y Bruselas.
La primera ministra decidió el pasado diciembre suspender en el último momento la votación sobre su plan del «brexit» porque anticipaba una derrota muy dura en la cámara baja.
En diciembre, May justificó la decisión en que buscaría más garantías de la UE al controvertido asunto de la frontera irlandesa.
Muchos diputados han manifestado su inquietud sobre la salvaguarda porque temen que esa cláusula deje atado al Reino Unido a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más años de lo esperado en sellar un acuerdo comercial y de seguridad entre ambas partes.
En principio, y siempre que el acuerdo de May sea aprobado por la Cámara de los Comunes, ese acuerdo debería ser negociado durante el periodo de transición, fijado en el texto entre el 29 de marzo de 2019 (fecha de la retirada) y finales de 2020.
EFE/ FR
