A pocas semanas de cumplir un año de la elección y toma de posesión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, debo obligatoriamente hacer referencia y reiterar lo expuesto en mi artículo titulado “La Finalidad de la Constituyente” publicado por este mismo Diario en el mes de noviembre de 2017. En dicho artículo, no se pretendió analizar la legalidad de la convocatoria, ni del proceso de constitución y formación de la Asamblea Nacional Constituyente, ni mucho menos de su elección, por cuanto su ilegalidad e inconstitucionalidad fue evidente y ha sido ardua y tendidamente discutida y explicada no solo por los expertos nacionales e internacionales en la materia, sino que también dicha ilegalidad ha sido discutida y digerida por los ciudadanos comunes, quienes han verificado que dicho proceso no cumplió con los requisitos exigidos por el texto constitucional para llevarse a cabo, y que incluso fue muy distinto al proceso constituyente de 1999, el cual sirvió como punto de comparación, para aquellos que no poseen algún conocimiento legal.
Ello así, en el referido artículo se analizó las actividades llevadas a cabo por dicha Asamblea durante sus primeros tres meses de funcionamiento, se realizó una comparación con el proceso constituyente llevado a cabo en 1999 y que dio origen a la ya no tan novísima y bastante maltratada Constitución Nacional de 1999 y se dejó constancia que a dicha fecha, la Asamblea Nacional Constituyente no había realizado ni uno sola de las discusiones y debates inherentes y necesarios a la elaboración de la nueva Constitución; sino que muy por el contrario, se había dedicado a usurpar las funciones y atribuciones atribuidas a la legítima Asamblea Nacional.
Hoy, a punto de soplar las velas por su primer aniversario, es decir la mitad del período que la misma Asamblea, sin justificación legal o jurídica alguna, se estableció para elaborar la Constitución, no vemos vestigio alguno sobre lo que podría ser un nuevo texto constitucional. A la fecha, no se han realizado las consultas obligatorias al pueblo sobre las diversas propuestas, sino que se han establecido unas pocas y reducidas asambleas en materia de “juventud”, “mujeres” y “paz”, las cuales mas que asambleas, corresponden a reuniones del partido de gobierno, donde no hay una verdadera participación popular, sino puros mítines unidireccionales entre partidarios del gobierno, sin discusión alguna.
De igual forma, no se ha observado el trabajo que deberían desempeñar las diversas comisiones constitucionales, las cuales deberían ser las encargadas de elaborar y redactar las propuestas de articulados a ser incorporados en el texto constitucional; ni mucho menos se ha realizado ningún debate sobre el contenido de forma o fondo de los artículos que compondrían la nueva Constitución.
Lo que si hemos visto, es que la Asamblea Nacional Constituyente se ha dedicado a realizar acuerdos en apoyo y defensa al gobierno nacional; a discutir y aprobar “leyes constituyentes”, las cuales buscan imponer un modelo económico, político y social distinto al establecido en la Constitución Vigente; a convocar a elecciones y a juramentar a sus autoridades electas, de manera de buscar y obtener reconocimiento nacional e internacional; designar funcionarios y hasta servir de juez, ordenando liberaciones y medidas cautelares de presos políticos y comunes. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente se ha constituido en un supra poder plenipotenciario, al cual todos los poderes constituidos han quedado sometidos, usurpando funciones y violando flagrantemente la Constitucional Nacional, la cual no hay que olvidar que no ha perdido su vigencia.
De tal manera, es evidente que la finalidad de la constituyente a un año de su elección y proclamación, no es ni ha sido crear un nuevo texto constitucional, sino su única función ha sido evitar que los poderes públicos puedan ejercer las funciones y atribuciones que constitucionalmente le corresponden, sobre todo al asumir las competencias de la Asamblea Nacional; pero también busca ser un muro de contención ante cualquier otro poder público, que aunque hoy en día responden a los intereses del Gobierno Nacional, pretendan en momento alguno, volver al cauce constitucional.
Finalmente, aunque desde sus inicios ha quedado claro cual es la verdadera intención de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no ha sido crear una nueva Constitución, no es de extrañar que en algún momento entre gallos y medianoche se pretenda aprobar e imponer una nueva constitución nacional, hecha a espaldas del pueblo, redactada entre unos cuantos, con el único fin de imponer un modelo político, social y económico a su conveniencia y que limite y controle las libertades individuales, de manera de evitar cualquier tipo oposición en los poderes públicos, así perpetuarse en el poder.
Angel Dominguez
