«Estamos hablando de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustible, cuya entrega fue, aparte de incompleta, sin las especificaciones técnicas requeridas», dijo Saab a periodistas y apuntó que esta acción le causó al Estado un «daño estimado» de 18 millones de dólares.
El fiscal, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó que se solicitó la captura de dos expresidentes y gerentes generales de la llamada «Empresa Nacional de Transporte», Pedro José Jiménez Yusti y Carlos Brett, y de otros siete funcionarios.
«Nueve personas a quienes les serán imputados los delitos de peculado (malversación de fondos) doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista, evasión de proceso de contratación», informó.
Estas compras de cisternas se hicieron a las empresas mexicanas Trailers y Tanques de Aluminio S.A. (Tytal) y Armadora Carrocera Caban S.A. «por adjudicación directa».
A la primera empresa se le solicitaron 300 cisternas, Pdvsa pagó 234 «por un monto de 18.626.400 dólares» y solo recibió 168 vehículos que no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas por la petrolera «por lo que hubo que realizar una nueva contratación para adecuarlas».
A la segunda empresa mexicana se le pidieron 100 cisternas y nunca llegaron al país.
«Respecto a esa contratación se ha podido verificar que la empresa Caban ni siquiera existe físicamente, es decir, es una empresa fantasma, es una empresa de maletín» y «se está estableciendo si efectivamente aquí se realizó algún pago».
Agregó que este es el «caso de corrupción número 17 vinculado a PDVSA» y que gracias a esas investigaciones han sido procesados 90 funcionarios «entre ellos 23 altos gerentes de Pdvsa y sus filiales».
EFE / AM
