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La Fiscalía española pide juzgar a Rato por cobro de 835.000 euros en comisiones

La Fiscalía Anticorrupción cree que existen indicios de irregularidades, en las que Rato habría contado con la ayuda de «íntimos colaboradores» también investigados, para recibir 835.000 euros de las agencias adjudicatarias de la publicidad del lanzamiento de Bankia, que él presidió entre 2010 y 2012.

No obstante, el juez rechazó hoy «por el momento» procesarlo únicamente por eso, al entender que esas comisiones están «íntimamente» relacionadas con otros delitos como supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

La denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción señalaba a Zenith y Publicis, agencias que ganaron la convocatoria de publicidad, por su supuesta responsabilidad como personas jurídicas en el pago de dos millones de euros al supuesto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, a quien también se propone juzgar.

Según la Fiscalía, de esos dos millones, Rato habría cobrado 835.000 euros a través de la empresa Kradonara 2001 procedentes de Albisa Inversiones, propiedad del supuesto testaferro, contratado paralelamente por estas compañías para la identificación de nuevos negocios.

Anticorrupción solicita el procesamiento de las agencias de publicidad involucradas y de ocho de sus directivos.

El pasado abril, la Audiencia Provincial de Madrid instó al juzgado del caso que requiriese a Bankia las propuestas de todas las agencias a fin de acreditar si la adjudicación de la campaña a esas empresas «se debió a que éstas eran las mejores como ellas sostienen y no al presunto pago de comisión» alguna.

Rato criticó hoy que la Fiscalía haya pedido que se le enjuicie sin que el juzgado haya examinado las últimas pruebas ordenadas por la Audiencia Provincial, una documentación «esencial» para saber si la adjudicación de la campaña se ajustó o no a derecho.

Rato, que también fue ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno español, ya fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por usar tarjetas opacas al fisco durante su mandato en Caja Madrid, contra lo que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.

Está además procesado por falsedad contable y estafa de inversores por la salida a bolsa de Bankia, la entidad resultante de la fusión de varias cajas de ahorro.

También está investigado por presuntas irregularidades fiscales derivadas de sus negocios particulares y supuestos sobornos cobrados al frente de Bankia y defraudar supuestamente unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

EFE/ FR