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La Policía de Nicaragua vigilará los centros comerciales en medio de la crisis

El plan especial, denominado «Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad», tiene el fin de garantizar la paz, el orden público, el derecho al trabajo, la libre movilización y la seguridad ciudadana, explicó la Policía Nacional en una declaración.

Hasta ahora la Policía únicamente se presentaba en los centros comerciales para misiones específicas, ya que estos son propiedad privada.

«Este Plan Especial de Seguridad que se está ejecutando durante los meses de noviembre y diciembre del año 2018, conlleva el fortalecimiento de acciones policiales preventivas, vigilancia y patrullaje en barrios, paradas, terminales de autobuses, parques, mercados, centros comerciales y destinos turísticos», precisó la Policía.

Además de lugares autorizados para la venta de productos pirotécnicos, así como la regulación del tránsito, retenes y el control en carreteras para la prevención de accidentes, continuó.

El plan especial contempla acciones policiales que se realizan en la temporada de fin de año, para garantizar que las familias nicaragüenses puedan disfrutar de las celebraciones de la Purísima, fiestas de Navidad y Año Nuevo en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, de acuerdo con la información.

«Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el derecho al trabajo y la seguridad de todas las familias nicaragüenses», apuntó.

Agentes de la Policía Nacional sorprendieron el domingo con su presencia a los clientes de diferentes centros comerciales privados de Nicaragua.

La presencia de policías dentro de centros comerciales de Managua se da una semana después de que manifestantes realizaran «piquetes» o protestas fugaces en los pasillos y restaurantes, a los que se sumaron los clientes de manera espontánea.

Esta protesta es para pedir libertad para los «presos políticos» y la renuncia del presidente Daniel Ortega.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

EFE / AM