En una entrevista con Efe, este abogado y economista de 49 años compartió sus ideas para enfrentar la tríada oscura de corrupción, inseguridad y pobreza en México, con una «revolución en política social» para garantizar el pleno acceso de los ciudadanos a sus derechos.
Meade eligió a la ciudad de Mérida (Yucatán) para iniciar este domingo una campaña electoral que se le presenta cuesta arriba al situarse en tercer lugar en las encuestas, por detrás del izquierdista Andrés Manuel López Obrador y el derechista Ricardo Anaya ante los comicios del 1 de julio.
La corrupción y la consiguiente impunidad es, según los sondeos, el tema de mayor preocupación para los electores.
Al respecto, Meade discrepó de Peña Nieto, quien ha sostenido que para combatir la corrupción es necesario partir de reconocer que es un asunto de orden cultural, lo que ha sido visto por muchos como displicencia ante la corrupción gubernamental y una excusa para no atacarla.
«Yo creo que el problema es institucional», manifestó el candidato.
Sostuvo que en el tema de la corrupción, así como en el de la inseguridad, si el Gobierno no ha dado los resultados esperados se debe «a que no tenemos las instituciones, y las instituciones (no tienen) los instrumentos que requieren».
Por ello, propuso que México ponga en práctica acciones que han sido aplicadas en otros países, como facilitar la recuperación de los bienes robados por funcionarios públicos.
«Si en el caso de un funcionario investigado por corrupción o delincuencia organizada no se puede explicar el origen (del bien), tendría que perder ese patrimonio en beneficio de las actividades que realiza el Estado», planteó.
En segundo lugar citó la necesidad de dar autonomía al ministerio público (fiscalía).
Argumentó que en México persiste la noción de que el presidente debe ser quien dirija al ministerio público, cuando debiera ser el primero en someterse a su jurisdicción.
«Yo por eso he planteado ser un presidente sin fuero», añadió.
Asimismo, propugnó un mejor mecanismo de control de la evolución patrimonial de los servidores públicos, penas más estrictas para los funcionarios corruptos y una mayor transparencia gubernamental.
«Si hacemos esas cinco cosas, no tenemos porqué tener un resultado diferente al que han tenido jurisdicciones como Hong Kong o países como Corea del Sur, Italia o Singapur», dijo.
Sobre el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, acusado de ser el responsable de gran parte de la corrupción en el país, Meade consideró que no hay motivo por la que la agrupación no pueda también erradicar ese flagelo en sus filas.
«Ningún partido tiene el monopolio de la corrupción.
Es un problema del que los mexicanos hoy sentimos un profundo coraje, y lo sentimos de manera particular quienes somos servidores públicos y a quienes nos ofende que nuestra labor se vea empañada por algunos malos servidores públicos, del partido que fuera», declaró.
En el tema específico de la inseguridad, indicó que es necesario «evitar que a la delincuencia organizada, sobre todo, le lleguen armas y dinero, fortalecer nuestra presencia y capacidad policiaca, mejorando tanto el número como las prestaciones y la trayectoria de vida que se le ofrece al policía».
También subrayó la importancia de homologar las definiciones de los distintos delitos para permitir una mejor coordinación entre las policías y los ministerios públicos de las 32 entidades federativas del país.
Interrogado sobre la polémica participación de militares en tareas de seguridad pública -iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y continuada por Peña Nieto-, Meade opinó que «es una solución complementaria y temporal».
«Tendría que mediar primero un dictamen de la entidad federativa, en donde diagnostique cuál es el problema que tiene y por qué sus instancias de seguridad no son suficientes para enfrentarlo.
Tendría que saber la Fuerza Armada modo, tiempo y circunstancias de su actuación, y tendría que saber el ciudadano qué esperar de la Fuerza Armada», explicó.
No obstante, añadió, «hay condiciones que la ley prevé en donde de manera extraordinaria el presiente directamente puede pedir la intervención de la Fuerza Armada, y eso también es correcto».
Finalmente, explicó que su revolución social implica hacer que México «pase de ser un país en donde los mexicanos tenemos muchos derechos, a que seamos un país en donde los mexicanos puedan acceder a esos derechos».
«Que esté presente la educación, la salud; que esté presente la vivienda, la alimentación, que estén bien comunicados, un poco bajo la lógica de que si aseguramos el ejercicio del derecho, al amparo de esa plataforma el mexicano puede hacer que sus esfuerzos rindan frutos en la forma como escoja participar», puntualizó.
EFE/ FR
