La primera noticia es que el diálogo se convirtió en negociación. La oposición aprendió que no podía sentarse “sin agenda y sin límites”, como definió el oficialismo diálogos anteriores, con resultados catastróficos para dicha oposición, particularmente el descarrilamiento del referendo revocatorio presidencial en 2016. Los opositores también han tenido el acierto de hacerse acompañar de expertos en negociación. Y el fruto de su trabajo se está viendo. Por ejemplo, una de las herramientas para conducirse en una negociación imposible es controlar el proceso. Por eso la oposición no asistió a la primera convocatoria porque el gobierno no invitó a los cancilleres de México, Paraguay y Chile, a quienes la oposición había solicitado para equilibrar al grupo original de facilitadores. Otra expresión del control del proceso es la exigencia de una agenda clara de temas. Esta agenda fue formulada y contiene los cuatro requerimientos de los opositores y los dos del gobierno.
También revela una sofisticación profesional en el manejo del proceso la utilización del método del Texto Único para llevar a cabo las deliberaciones. Dicho texto fue redactado por consenso por todos los cancilleres mediadores, y en él se ven favorecidas las posiciones de la oposición. Este texto no ha sido dado a conocer, lo cual es otro acierto ya que la marcha de las negociaciones no se ventila por los medios.
El nudo clave a desatar en estas negociaciones es que ambas partes quieren lo mismo: la Presidencia de la República y así es imposible llegar a un acuerdo. Las opciones son, de parte del gobierno, que su interés por mantenerse en la Presidencia se sustituya por el interés de pasarle el manejo de la crisis a otro grupo. De parte de la oposición, su interés por la Presidencia puede ser sustituido por el cambio de las políticas económicas, evitando empezar a gobernar en condiciones muy riesgosas.
Las sanciones de los EE.UU. están acentuando la crisis e incidiendo en la necesidad de un cambio de políticas económicas. En este sentido, luce coherente la mayor visibilidad que le ha dado la oposición a la exigencia en la negociación de que se acepte la ayuda humanitaria. El cambio de políticas económicas gubernamentales también es inducido por la necesidad de renegociar la deuda. Esta renegociación, aunque el gobierno la ha enfocado “de a poquito”, tendrá que ser encarada con más profundidad porque se lo imponen la acumulación del deterioro económico, la renuencia de los precios del petróleo a dar un salto significativo y el desiderátum de evitar caer en default. Esta última condición es la que más obliga a cambiar la política económica y se debe a que Venezuela sólo produce el 40% de los alimentos que consume. Si el país cae en default no podría importar ni pagar porque le serían confiscados sus bienes en el exterior para cobrarse la totalidad de la deuda, unos US $ 120 MMM, de los cuales, al menos US $ 89 MMM, vencen en los próximos 10 años, y son impagables si necesitamos importar unos US $ 20 MMM al año para paliar la crisis, pagar unos US $ 9MMM y los ingresos petroleros por exportación cobrables no alcanzan a US $ 20MMM. Pero es que a este reto se le añade el de las sanciones, las cuales expresamente prohíben nuevas operaciones financieras en dólares, lo cual implica la no renegociación.
En definitiva, el juego no está trancado: o el gobierno acepta cambiar drásticamente sus políticas económicas y las anti democráticas (dando fin a su proyecto comunista) o tiene que entregar la Presidencia. @joseagilyepes
José Antonio Gil Yepes
Directivo Datanálisis
