Con ese argumento, los representantes del Gobierno encabezados por el canciller Denis Moncada, se presentaron nuevamente al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua, que sirvió como sede de las negociaciones que se desarrollaron del 27 de febrero pasado al 3 de abril.
La delegación del Gobierno «estará presente todos los días conforme lo hemos acordado y lo hemos consensuado con la otra delegación, con los otros que deberían estar sentados en la mesa y no están sentados, en una actitud irresponsable», dijo Moncada a través de medios del Gobierno.
La Alianza Cívica sostiene que las negociaciones concluyeron sin éxito hace tres semanas, debido a que el Gobierno no cumplió con los acuerdos firmados, y que no se presentará a nuevas discusiones hasta que el Ejecutivo ejecute los compromisos adquiridos.
En las negociaciones el Gobierno se comprometió a liberar a las personas capturas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, y a respetar la Constitución de Nicaragua en lo referente a la libertad de expresión y de prensa.
«El cumplimiento de los acuerdos son siempre paulatinos», afirmó al respecto Moncada, quien dijo que el Gobierno ya liberó a más de 200 personas, lo que es criticado por diversos sectores, ya que estos en realidad recibieron un cambio de régimen carcelario que les impide salir de casa.
El canciller no hizo referencia este jueves al cumplimiento del compromiso de garantizar las libertades constitucionales.
Miembros de la Alianza Cívica han advertido que el Gobierno no tiene «voluntad política» para solucionar la crisis.
Las recientes negociaciones tuvieron como «testigos y acompañantes» al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, quienes no se han pronunciado sobre la posición de las partes, y que han recibido críticas por supuestamente no señalar los incumplimientos del Gobierno.
La crisis de Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 568. El Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente la Alianza Cívica cuentan 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
EFE / AM
