Desde hace varias semanas, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) sostienen enfrentamientos por el control territorial del Catatumbo que han dejado varios muertos en ambos bandos, según habitantes de esa región del noreste de Colombia.
«Todos los grupos armados deben cumplir con las obligaciones del derecho internacional humanitario; las poblaciones en estas regiones necesitan sentirse seguras y los actores armados deben respetar la vida de los civiles», manifestó en un comunicado el director de país en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Visnes.
Agregó que la tregua que durante décadas mantuvieron entre sí las diferentes guerrillas en el Catatumbo terminó, por lo cual «es urgente» que se reduzca la violencia entre esos grupos en la zona.
«Las comunidades indígenas y campesinas del Catatumbo sienten temor por los enfrentamientos entre grupos armados», señaló el NRC y agregó que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) la violencia afecta al 63 % de los municipios de esta región.
La OCHA también advirtió la semana pasada que más de 17.000 personas se han visto afectadas en el Catatumbo por los enfrentamientos entre grupos armados.
El Catatumbo, extensa región selvática situada en la frontera con Venezuela, es una de las zonas más convulsas de Colombia por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las áreas con más cultivos de coca del país.
La guerrilla de las FARC también operaba en la zona pero se desmovilizó el año pasado y el espacio dejado por ese grupo al parecer es el que se disputan las demás organizaciones ilegales.
Por su posición geográfica, al Catatumbo ha llegado también «población de Venezuela con necesidades humanitarias», agrega el Consejo Noruego.
Del Catatumbo, también una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
El pasado 14 de marzo, campesinos de San Pablo, en la zona rural de Teorama, exigieron en un mensaje a los grupos armados ilegales que se retiren del perímetro urbano del caserío, después de que dos de sus habitantes fueran heridas por balas perdidas en un tiroteo al parecer entre guerrilleros frente al colegio local.
El EPL, uno de los bandos en contienda y considerado una banda narcotraficante por el Gobierno, ha divulgado en la región panfletos en los que reconoce los enfrentamientos con el ELN y bajas cuyo número no precisa.
Entre las consecuencias que han generado los enfrentamientos armados están las restricciones a la movilidad de los habitantes de la zona, dificultades de acceso a bienes y servicios y el riesgo de desplazamiento.
«El acceso humanitario a las poblaciones con restricciones a la movilidad es urgente; los derechos como alimentación, salud, educación y agua potable no deben ser restringidos. Una nueva generación de niños y de niñas no puede ser privada de su derecho a la educación», dijo Visnes.
Por esa razón, consideró «urgente que Colombia se adhiera a la Declaración de Escuelas Seguras».
«Muchas personas en la región han sido víctimas del conflicto; una paz sostenible en Colombia requiere que las víctimas del conflicto no sean nuevamente desplazadas, es una obligación del Estado garantizar su seguridad», concluye el comunicado.
EFE / LA
