Al día de hoy las únicas instituciones democráticas en Venezuela por su origen constitucional, su integración conforme a los procedimientos constitucionales y su funcionamiento son: la Asamblea Nacional (resultante de las elecciones de diciembre de 2015); el legítimo Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio y cuyos Magistrados fueran designados precisamente por la Asamblea Nacional); y la Fiscalía General (en el exilio también y pretendidamente destituida en forma ilegítima por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente).
Únicamente los actos de las tres instituciones mencionadas en el párrafo anterior cuentan con la legitimidad y la legalidad que obligan a su acatamiento por parte de los órganos y soportes de los mismos en Venezuela, y a su validación por parte de la comunidad interamericana e internacional.
Venezuela vive en dictadura, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa con fraude, y el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral tienen vicios de origen y sus procedimientos de integración de las más altas magistraturas han sido inconstitucionales y/o fraudulentos.
Además de los principios y valores, es necesario trasladar a la práctica las consecuencias jurídicas y políticas respecto a la ruptura del orden institucional en Venezuela.
En días pasados hemos asistido a espurias solicitudes de extradición por parte del ilegítimo tribunal supremo de justicia de la dictadura encabezado por su ilegal presidente Maikel Moreno.
Dichas “solicitudes de extradición” vinculadas al presunto atentado contra Nicolás Maduro están viciadas y deben ser desconocidas al unísono por la comunidad internacional por ser fraudulento el órgano que las emite, impostores sus integrantes y no acordes a derecho.
NP / AM
