Esta cifra representa un aumento de 30% con respecto a 2017, cuando se documentaron 9.787 manifestaciones, con un promedio diario de 27.
Cifra récord de 12.715 manifestaciones en Venezuela durante 2018
Evolución de las protestas por mes en 2018
Esta cifra representa el mayor número de protestas registradas durante la gestión de Nicolás Maduro. Además, este año superó el índice de las dos grandes olas de protestas desarrolladas en Venezuela, en los años 2014 y 2017, en las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 manifestaciones, respectivamente.
En los últimos ocho años, el OVCS ha documentado 59.787 protestas en todo el país, lo que equivale a un promedio de 7.473 manifestaciones al año. Bajo el mandato de Nicolás Maduro se han generado las mayores protestas sociales y en el período de Gobierno 2013-2018 se registraron al menos 48.966 manifestaciones.
89% de las protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)
89% de las protestas de 2018 se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Ante la falta de políticas públicas efectivas que atiendan los problemas urgentes relacionados a la calidad de servicios públicos, respeto a contrataciones colectivas de los trabajadores, salud, alimentación y educación, los ciudadanos protestan a diario y estas son las motivaciones que destacan por encima de las protestas políticas.
DESCA: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
DCP: Derechos civiles y políticos.
La observación directa y continuada de la conflictividad social en Venezuela ratifica que la sociedad civil está empoderada de sus derechos y está dispuesta a salir a las calles para exigirlos de manera espontánea, sin atender el llamado de líderes políticos ni las amenazas del Gobierno a través de la política represiva.
Venezuela continúa inmersa en una espiral de conflictos
Los cierres de calle, paros, concentraciones, marchas, y tomas de establecimiento fueron los repertorios de lucha más empleados por los ciudadanos para exigir sus derechos.
Las exigencias vienen en combo
En 3.541 protestas se exigieron distintos derechos simultáneamente, lo que se denomina protestas combinadas. Esto representó el 28% del universo registrado durante 2018.
Distrito Capital, Bolívar y Lara en el podio de la protesta en 2018
A pesar de la respuesta indolente y apática del gobierno, la criminalización, represión o amenazas, la sociedad expresó su descontento en la calle, espacio histórico de lucha de los pueblos en la conquista de derechos y exigencia de reivindicaciones.
Con 1.628 protestas, Distrito Capital lideró la conflictividad durante el año 2018, seguido de los estados Bolívar (1.389), Lara (1.030), Táchira (957) y Mérida (940).
Distribución de las protestas a nivel nacional en 2018
En 2018 las manifestaciones se caracterizaron por:
1. Protesta sostenida, la calle se consolida como espacio popular, social y político.
2. Escenificadas en todos los estados del país. En zonas rurales y urbanas.
3. Protestas espontáneas, principalmente en zonas populares y residenciales.
4. Exigencia de servicios básicos: gas doméstico, agua potable y electricidad.
5. Trabajadores crean coalición intersectorial para luchar por salarios dignos y respeto a las contrataciones colectivas.
6. Protestas ante incrementos en los precios de alimentos y demoras en la venta de bolsas de productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
7. Adultos mayores, jubilados y pensionados toman las calles para exigir su derecho humano a la seguridad social.
8. Movilizaciones de maestros, profesores, estudiantes padres y representantes, ante remuneración insuficiente, rechazo a déficit presupuestario y providencias estudiantiles que generan deserción.
9. Denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a presos políticos.
10. Repercusión en la esfera internacional. Países, organismos multilaterales y medios de comunicación.
11. Cierre de calles, paro, concentraciones y marchas como principales formas de protesta.
Derechos más demandados
Cronología de la conflictividad. Principales hechos ocurridos en 2018
Enero: 141 saqueos o intentos de saqueo.
Febrero: Aparecen las protestas laborales, además de la exigencia de medicinas y alimentos.
Marzo y Abril: Se agudiza el colapso de los servicios básicos: gas doméstico, agua potable y electricidad.
Mayo: 12 fallecidos en protestas sociales en el transcurso de los primeros 5 meses del año.
Junio: La conflictividad laboral se desborda ante el costo de la vida frente los bajos salarios.
Julio: Unión de distintos gremios profesionales y obreros para exigir respeto a las contrataciones colectivas y tablas salariales. El sector salud encabeza el conflicto con 1.192 protestas este mes.
Agosto: Anuncio de medidas económicas asfixiantes que detonan las protestas de calle.
Septiembre: Se agudiza la Emergencia Humanitaria Compleja.
Octubre: Persiste el colapso laboral y los derechos laborales cada vez se desdibujan más.
Noviembre: sexto y último aumento salarial del año que no logra detener el avance de las protestas laborales.
Diciembre: Aumento de protestas por alimentos: perniles y cajas Clap. Entregas demoradas y promesas incumplidas.
Trabajadores exigieron salarios dignos y respeto a las contrataciones colectivas
Trabajadores y profesionales de diversos gremios salieron a las calles el año pasado. Conformaron una coalición intersectorial, que protagonizó un récord de 5.735 protestas en defensa de los derechos laborales, lo que se traduce en un promedio de 478 protestas mensuales.
Los trabajadores del sector salud realizaron 2.525 manifestaciones y los del sector educación 1.722 manifestaciones. Estos dos gremios reportaron la frecuencia más alta de protestas durante todo el año.
Destaca la demanda de reivindicaciones salariales adecuadas para cubrir las necesidades básicas, pese a los seis ajustes salariales decretados por el Ejecutivo en 2018. La hiperinflación que atraviesa el país diluye cualquier capacidad adquisitiva del salario.
Las principales exigencias también estuvieron ligadas al respeto de las contrataciones colectivas y condiciones para ejercer sus funciones, entre ellas, infraestructura e insumos.
En algunos casos, hay empresas que no tienen materia prima para mantener la producción.
Las consecuencias de esta situación se reflejan en la búsqueda de otras fuentes de ingresos, incursión en labores informales, cambio de patrones de consumo, dependencia de los beneficios del Estado y fuga de talento.
Se agudiza el colapso de servicios públicos
Venezuela vive hoy el colapso de los servicios públicos, siendo las familias de menores recursos las más afectadas. Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda.
De las 12.715 protestas registradas, 3.716 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 309 protestas mensuales. Las quejas por falta de gas doméstico, electricidad y agua potable se convirtieron así en el segundo derecho más demandado.
Las ciudades y poblados del interior del país son los más afectados por las fallas en el suministro de gas, viéndose obligados a implementar técnicas rudimentarias para la preparación de sus alimentos, como cocinar a leña.
Por su parte, los cortes de energía eléctrica afectaron el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.
Adicionalmente, cada vez son más las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua potable, que se ha visto afectado en innumerables comunidades, por presuntas fallas en las tuberías, generando el cobro excesivo por parte de camiones cisternas, aumento de enfermedades, paralización de clases, servicios médicos y otras vicisitudes.
En materia de servicios básicos, es importante señalar que en 2018 el OVCS documentó protestas y denuncias para exigir mejoras en el servicio de telefonía fija, conexión a internet, recolección de basura y alumbrado público, entre otros reclamos.
El servicio de transporte público continúa siendo un asunto de preocupación tanto para quienes lo utilizan a diario, como para los conductores de las unidades. El año pasado, se registraron al menos 229 protestas debido a las fallas en la prestación del servicio.
La escasez o el alto costo de los repuestos, mantiene a algunas unidades fuera de circulación. Los usuarios deben realizar largas colas, recurrir a varias alternativas para completar su traslado. Las unidades por rutas han disminuido y, en ocasiones, se ha estandarizado un pago por encima de lo estipulado para prestar el servicio.
Las consecuencias se ven reflejadas en una baja asistencia en las actividades productivas, agotamiento y altos costos para las empresas que han optado por ofrecer transporte privado al personal.
A la situación transporte, se suman protestas y quejas en rechazo a las fallas con la venta de gasolina, impactando negativamente la movilidad de los ciudadanos en rutas urbanas y suburbanas.
Persiste la inseguridad alimentaria en Venezuela
La inseguridad alimentaria en Venezuela se ha caracterizado por desabastecimiento, escasez y carestía de productos, factores que se mantuvieron presentes durante todo el año.
De las 12.715 protestas registradas, 1.257 tuvieron que ver con la crisis alimentaria, lo que representó un porcentaje de 10%.
La venta programada y condicionada de comida, mediante las cajas CLAP, que ha venido utilizando el Estado venezolano se consolidó como un hecho discriminatorio y condenable, por cuanto utilizó el derecho humano a la alimentación con fines políticos partidistas y como mecanismo de control social.
La situación alimentaria del país se agudiza ante el control del Estado, conllevando a la proliferación de mercados paralelos que se aprovechan de la necesidad de los ciudadanos y ofrecen productos por encima de los precios del mercado. Se ha hecho costumbre la variación de precios según el tipo de pago, bien sea efectivo, punto de venta o transferencia.
Saqueos e intentos de saqueo
Durante 2018 el OVCS documentó 281 saqueos o intentos de saqueo en casi todo el territorio nacional, producto del hambre, desesperación e impunidad.
Estos saqueos fueron principalmente a supermercados, abastos y unidades de transporte de alimentos, línea blanca, medicinas y otros productos que pueden ser consumidos, intercambiados o vendidos. Estos hechos son una realidad latente ante la agudización de la emergencia humanitaria.
Desde el OVCS condenamos cualquier tipo de manifestación de carácter violento que en nada contribuye a resolver los problemas del país.
Salud de Venezuela en emergencia
La falta de medicinas, implementos quirúrgicos, remuneración al personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad personal continuaron movilizando a médicos, enfermos y familiares.
El número de protestas documentadas alcanzó a 761 casos, un promedio de 63 protestas mensuales.
La exigencia común es la apertura a la cooperación humanitaria, en aras de garantizar un sistema de salud digno y eficiente, que permita prevenir epidemias y padecimientos, al tiempo de aliviar dolencias y complicaciones de pacientes crónicos.
La falta de medicamentos, o su aparición con altos costos, vulneran el derecho a la salud de los venezolanos, quienes ante la crisis económica no pueden cubrir esas necesidades.
El gremio de la salud fue protagonista del conflicto laboral, que mayor tiempo y repercusión tuvo durante el 2018. Participó en 2.525 protestas de las 5.735 oportunidades en las que diversos gremios se sumaron al conflicto, tomando las calles en exigencia de salarios dignos, respeto a contrataciones colectivas, insumos médicos, seguridad e infraestructura hospitalaria de calidad para ejercer su labor y garantizar el bienestar de usuarios y familiares.
524 protestas de jubilados y pensionados en 2018
Los jubilados y pensionados realizaron 524 protestas, un promedio mensual de 43. Otro caso emblemático de la indolencia gubernamental.
Los adultos mayores ven desmejorados sus derechos, producto de la emergencia humanitaria que crece en Venezuela, incluyendo el derecho a la seguridad social. El pago de la pensión, equivalente a un salario mínimo, no permite cubrir sus necesidades básicas, mucho menos sus gastos médicos.
La desmejora de este grupo también se ve reflejada en la asignación del pago de acuerdo a un cronograma y disponibilidad de fondos de la entidad bancaria para cobrar la totalidad del beneficio.
Se trata de personas que, en algunos casos, dependen del efectivo para comprar bienes más económicos, no poseen equipos ni Internet para realizar operaciones en línea, los sistemas de cajeros automáticos están adaptados a una velocidad de operación que no coincide con la agilidad de los adultos mayores. Esta población ha sufrido la ida de familiares y han tenido que enfrentar el desgaste de un sistema que no se ajusta a sus necesidades.
Derecho a la educación
Al menos 388 protestas documentadas a lo largo de 2018, como consecuencia de la insuficiencia presupuestaria para mantener la operatividad del sistema educativo a todos los niveles del ámbito académico, investigación e incluso en las providencias estudiantiles.
Derecho de los pueblos indígenas
El OVCS documentó 102 protestas para exigir los derechos de los pueblos indígenas, quienes generalmente pertenecen a los grupos más vulnerables a nivel mundial.
En algunos casos protestaron de manera sostenida durante al menos una semana, para denunciar la escasez y altos costos de alimentos en la zona. Igualmente rechazaron la explotación de los recursos naturales en el Arco Minero, al sur de Venezuela, y la incursión de grupos armados que atentaron contra la humanidad e integridad física de estos pueblos ancestrales.
Derechos civiles y políticos (DCP)
De las 12.715 protestas documentadas por el OVCS se estima que el 11% estuvo relacionado con la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP).
Gran parte de las protestas relacionadas con derechos civiles y políticos estuvo centrada mayoritariamente en rechazo a las acciones del Estado en contra de dirigentes e integrantes de partidos políticos de oposición (708).
Derecho a la participación política
Así como denuncias a la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad (248).
Derecho de las personas detenidas y encarceladas
La muerte del concejal Fernando Albán, el 08.10.18, mientras permanecía en custodia de organismos de seguridad del Estado, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, desató una ola de protestas para exigir una investigación justa y transparente.
La detención arbitraria de líderes políticos, comunicadores sociales y trabajadores que ejercieron su derecho a la protesta pacífica, libertad de expresión participación política fueron factores que marcaron las exigencias de los derechos civiles durante el 2018.
Sistema de represión como respuesta a las protestas sociales.
A lo largo de 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de manifestaciones. Todos los casos ocurrieron durante protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
13 personas fueron asesinadas por heridas de arma de fuego y una de las víctimas con un objeto contundente.
Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres y cuatro menores de edad.
En el estado Mérida se registró el 38% de los asesinatos (5). El resto ocurrió en: Zulia (2); Anzoátegui (2); Trujillo (1); Barinas (1); Bolívar (1); Portuguesa (1) Sucre (1).
Testigos y familiares responsabilizaron funcionarios policiales o militares como responsables en al menos 7 casos (50%) y a civiles armados como los responsables de los otros 7 casos.
En la página web del OVCS puede acceder a nuestro Sistema de Información Geográfico de Conflictos (SIGCO) para conocer detalles sobre la ubicación y reseña de cada caso.
Urge reestablecer el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela
Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social consideramos que el principal problema de Venezuela es la ausencia de democracia y la implementación de un sistema político ideológico que anula los valores Republicanos, que asfixia al pueblo venezolano y lo tiene sumido en la peor crisis humanitaria registrada en nuestra historia contemporánea.
2019 se vislumbra como un año de mayores protestas sociales y políticas, ante la usurpación inconstitucional de un nuevo período presidencial por Nicolás Maduro.
El récord de protestas que registró 2018 refleja que la sociedad venezolana se encuentra desasistida y que los problemas se han ido agudizando a todos los niveles, vulnerando derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.
En este sentido, el OVCS expresa la necesidad urgente de:
● Reestablecer el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela.
● Aceptar la cooperación humanitaria internacional, como mecanismo de ayuda a la población venezolana para mitigar la crisis.
Asimismo, consideramos que es fundamental:
• Responder de manera efectiva y oportuna a las comunidades que exigen mejoras y garantías de los servicios básicos.
• Desarrollar políticas económicas que frenen la hiperinflación, para que el salario recupere su poder adquisitivo y las familias venezolanas puedan satisfacer sus necesidades.
● Respetar las contrataciones colectivas de los gremios laborales.
● Poner fin a la persecución judicial contra trabajadores y sindicalistas que luchan por la defensa de sus contrataciones colectivas, sufriendo hostigamiento y procesamiento de civiles en tribunales militares.
● Estimular el desarrollo del aparato productivo nacional, para garantizar una real seguridad alimentaria.
● Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
● Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
La creciente conflictividad laboral, acompañada del colapso de los servicios públicos, altos índices de criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria y ausencia del derecho a la salud, se acentuarán en la medida que no exista voluntad gubernamental para reconocer los errores y trabajar para solucionarlos.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. En distintos espacios, nacionales e internacionales, las autoridades venezolanas han preferido negar la grave situación humanitaria.
El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto a la dignidad humana. Las acciones o respuestas gubernamentales han sido de forma discriminatoria y no universal, al segregar a una parte de la población de ciertos beneficios.
No conforme, han mantenido la criminalización de la protesta, haciéndola cada vez más represiva por la cantidad de muertos, heridos y detenidos en el marco de las manifestaciones.
Venezuela avanza hacia un empobrecimiento masivo de la población y no se detiene la migración forzada, consecuencia de las decisiones políticas tomadas por el gobierno venezolano.
La falta de respuesta ante los derechos de los venezolanos evidenciado en las crecientes protestas, el colapso generalizado de servicios por su falta de atención hacen cada vez más necesario una reconducción de los destinos del país como única forma de empezar a salir de la Emergencia Humanitaria compleja en la cual se encuentra Venezuela
La crisis venezolana requiere una respuesta inmediata, apegada a la Constitución y garantía de los derechos humanos.
Desde el OVCS destacamos que durante el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaron en diversos informes sobre el profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social en la cual está inmerso el país, destacando entre sus principales preocupaciones la protesta social y la política de represión estatal. El OVCS mantiene su compromiso de documentación y denuncia ante estas instancias de todas las incidencias relacionadas a la conflictividad social en Venezuela para contribuir a que el Estado venezolano cumpla a cabalidad sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
NP/OVCS / AM
