Por: Raúl Castillo | @Ralonsog_
«En ningún momento nosotros violamos los derechos humanos», dijo el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Jesús Andrés Arteaga Simancas, el 3 de julio. Dos días antes de su declaración la Policía de Táchira, cuerpo de seguridad que dirige desde febrero de este año, le quitó los ojos a Rufo Chacón, de 16 años de edad, como consecuencia de 62 disparos de perdigones en su rostro. El militar aseguró que los funcionarios actuaron de manera aislada, sin embargo, la oposición acusa al régimen de Nicolás Maduro de ser responsable del hecho.
Arteaga fue nombrado director de PoliTáchira mediante la resolución Nº 023 de fecha 27 de febrero de 2019, en sustitución del general José Noguera, alias “El Chuky”. De acuerdo con Franklin Duarte, diputado a la Asamblea Nacional, Noguera es “conocido ampliamente en el mundo del contrabando”.
El 21 de marzo, un mes después de asumir el cargo, Arteaga fue ascendido por Maduro al rango de general de brigada en un acto celebrado en el Panteón Nacional, en el que además le hicieron entrega de una réplica de la espada de Simón Bolívar.
Funcionarios policiales de la entidad declararon a El Diario de Los Andes que el general de brigada ha ocupado cargos de mando en diferentes organismos de la región, tanto en la GNB, como en otras instituciones. Aseguraron que “es un amplio conocedor sobre el tema de la seguridad a nivel regional”.
¿A quién obedece Arteaga y Politáchira?
Duarte explicó que Arteaga forma parte del “primer anillo” de altos militares allegados a Diosdado Cabello. El parlamentario consideró que el director de brigada fue quien ordenó a los policías reprimir la protesta en la que se encontraba Rufo Chacón y su madre, Adriana Parada, y éstos actuaron en consecuencia.
“La policía regional actuó cumpliendo órdenes directas del director de la policía, quien es el autor intelectual, Rafael Arteaga Simancas, y es del primer anillo de los altos militares allegados a Cabello. El general que está allí es directamente enviado por Cabello”, dijo Duarte en una entrevista para EVTV Miami este martes.
Por consiguiente, el diputado aseguró durante la sesión de la AN de este 3 de julio, que llevarán a Arteaga a instancias internacionales por crimen de lesa humanidad. En su opinión, debe estar encarcelado al igual que Javier Useche Blanco y Henrry Ramírez Hernández, los dos funcionarios acusados por la Fiscalía de disparar los perdigones a Rufo Chacón.
Duarte señaló que el lema del director de PoliTáchira desde que asumió el cargo es “protesta que salga, protesta que se apaga”. El 24 de mayo tres periodistas resultaron heridos con perdigones disparados por funcionarios del cuerpo de seguridad mientras cubrían una manifestación por la falta de gasolina, en la que también dispersaron a los ciudadanos con gas lacrimógeno.
Cuatro días después, el 28 de mayo, el parlamentario publicó unas fotografías en Twitter en las que supuestamente se observan a Arteaga reprimiendo a una señora de la tercera edad, quien protestaba por falta de combustible.
Laidy Gómez, gobernadora de la entidad, aseguró que la policía regional está siendo direccionada para reprimir las protestas por falta de agua, luz, gas doméstico, gasolina, entre otros servicios. Recordó que hace 20 meses el Ministerio de Interior, Justicia y Paz retiró a la Gobernación la administración de PoliTáchira.
No obstante, Cabello aseguró este miércoles durante la transmisión de Con El Mazo Dando que uno de los funcionarios detenidos por la Fiscalía se desempeñaba como escolta personal de la gobernadora. Insinuó que el policía no actuó bajo órdenes de Arteaga, sino que formaba parte de la infiltración en los cuerpos de seguridad de elementos adversos al régimen de Maduro.
Discurso de paz
A pesar de las evidencias y acusaciones de su accionar represivo, Arteaga se mantiene dentro del discurso oficialista de una supuesta construcción de la paz. Luego de su arribo a la dirección de PoliTáchira, aseguró al Diario La Nación que trabajaría de la mano con otros organismos militares “para el fortalecimiento de la unión cívico-militar, que nos permita tener una región en paz y segura”.
«En ningún momento nosotros violamos los derechos humanos. Somos garantistas, como todo el Estado venezolano, de los DD HH», explicó sobre el caso de Chacón y añadió que los funcionarios detenidos serán “severamente sancionados”.
