La solicitud fue realizada mediante una carta enviada al despacho de la Alta Comisionada de la ONU, firmada por el ex rector de la Universidad Central de Venezuela y Coordinador de la Concertación por el Cambio, Luis Fuenmayor Toro, junto al también coordinador del movimiento Enrique Ochoa Antich.
Mediante la misiva, ambos reclamaron a Bachelet que solicite “al Consejo de Derechos Humanos la activación de un procedimiento especial que investigue este doloroso caso, siguiendo su costumbre de actuar sobre casos individuales de naturaleza más amplia y estructural, incluyendo la decisión de organizar una consulta de expertos”, afirmaron.
Además, sostuvieron que debido a la falta de autonomía de los poderes del estado venezolano, “Una investigación oficial en Venezuela no puede tener ninguna credibilidad. Es por ello que toda la sociedad democrática está exigiendo una investigación imparcial e independiente que solo puede ser proporcionada por los organismos multilaterales, las Naciones Unidas en primer lugar”, indicaron.
De igual forma, aseguraron esperar que la muerte del concejal Albán pase a formar parte del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, el cual fue encargado por el Consejo de los DDHH al despacho del Alto Comisionado.
Según indican a los largo de la misiva, la autopsia realizada a Fernando Albán tras el suceso, sostiene que el concejal murió por “Traumatismo craneoencefálico y facial y traumatismo de tórax, producto de un caída que se habría producido desde el piso 10 del SEBIN”. Sin embargo, alegan que “dado el vasto historial de actuaciones violatorias de todos los derechos humanos, políticos y civiles de miles de venezolanos, y habida cuenta de la mediatización político – partidista de todas las instituciones, sometidas a la bota dictatorial del Poder Ejecutivo, la reacción natural es creer que se trató de un homicidio”, al tiempo que aseguran “Incluso si fuese un suicidio (…) casi podríamos hablar de homicidio culposo, pues el detenido se encontraba bajo custodia de las autoridades del SEBIN”, sostuvieron.
De acuerdo con lo expuesto a lo largo del texto, las declaraciones del Ministro de Interior, Néstor Reverol, y del director del Sebin, Gustavo González López, hablan de un asunto que también debe ser investigado: “La responsabilidad que les compete como autoridades de la policía política, que podría incluir la del encubrimiento de los responsables”, aseguraron.
Tanto Antich como Del Toro, exponen con los diversos aspectos señalados en la misiva la existencia de una “crisis estructural de la democracia” en Venezuela y sostienen “No hay democracia, o se encuentra socavada gravemente, cuando se cometen crímenes de todo tipo bajo un manto de impunidad, cundo se detiene arbitrariamente y se tortura y se asesina sin escrúpulo alguno, cuando el ejercicio mismo de la libertad se encuentra al menos restringido cuando no conculcado”.
Informe21/LJ
