«A un año del inicio de la crisis en Nicaragua, reiteramos nuestro apoyo y compromiso con todos los nicaragüenses que luchan por un país democrático, con justicia y respeto por los derechos humanos», dijo Sullivan, en sus redes sociales.
Desde el estallido social del 18 de abril de 2018, Estados Unidos es uno de los países más involucrados en el restablecimiento de los derechos humanos en Nicaragua y la solución a una crisis que ha dejado cientos de manifestantes murieron, desaparecieron o cayeron presos, en tanto que decenas de miles de personas huyeron al exilio.
«También deseo expresar mi solidaridad con todas las personas que han perdido a sus seres queridos y con todos los que aún esperan ser liberados de las cárceles o regresar a su país», agregó Sullivan.
Ayer miércoles, en la víspera del aniversario de la rebelión nicaragüense, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una serie de sanciones contra Cuba y Venezuela, cuyos Gobiernos considera antidemocráticos.
En el caso de Nicaragua las sanciones apuntaron contra el Banco Corporativo (Bancorp) de Nicaragua y Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente del país, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, «quien ha sido preparado como sucesor por el régimen».
Desde que Ortega volvió al poder en 2007, las misiones de los embajadores en Estados Unidos no ha sido fácil en Nicaragua, tal como lo atestiguó la exembajadora Laura Dogu recientemente al diario estadounidense Indiana Gazette, cuando desveló que en 2018 hubo un plan para asesinarla, porque desde el oficialismo pensaban que eran parte de un movimiento antigubernamental.
Nicaragua atraviesa una crisis que en un año ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.
También habría entre 779 y 809 «presos políticos», casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de «lesa humanidad».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por ruptura del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental. EFE
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