Según un informe presentado este lunes por el Cenidh, el Gobierno nicaragüense practica una «sistemática transgresión a la integridad y tratos crueles e inhumanos» contra los manifestantes, que han incluido «violaciones sexuales» bajo amenazas de matar a las madres de las mujeres.
El Cenidh, al que la Policía de Nicaragua prohibió celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, documentó en su informe que al menos 322 personas han muerto desde el estallido social del 18 de abril pasado, y unas 3.000 fueron capturadas por policías, parapolicías, o fuerzas de choque oficialistas, de las que 616 continúan en prisión.
El Cenidh señaló al Gobierno porque «todas estas muertes se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal, la mayoría de víctimas presentaban impacto de bala en la cabeza, cuello, pecho y abdomen».
Según la organización, el Gobierno de Ortega desconoce «de forma sistemática principios básicos, como el de la supremacía de la Constitución de la República, el de la separación de poderes y el de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, entre otros».
«El Estado de Nicaragua violentó los Derechos Humanos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, ejerciendo violencia sin parangón en la historia del País, ante el ejercicio legítimo de la protesta social, con resultados nefastos que han causado mucho dolor y luto en las familias nicaragüenses», agregó.
La activista de los derechos humanos y presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, reclamó «justicia para nuestros muertos y castigo para sus asesinos», así como «libertad para nuestros presos políticos», además de reiterar el compromiso de lograr que «los desplazados vuelvan a sus hogares».
«La democracia se empieza a construir derribando a esta dictadura», resaltó Núñez, quien dijo aspirar a «construir un país seguro, sin odio y sin miedo, donde podamos decir con propiedad, que Nicaragua es verdaderamente libre».
EFE / MV
