«A pesar de la represión continua, seguimos con la esperanza del diálogo y con la esperanza de que la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos se pronuncie de manera clara y directa en contra de esta represión del Gobierno y el Estado de Nicaragua en contra del pueblo», declaró a la prensa en Ginebra el secretario ejecutivo de la ONG, Maros Carmona.
Según dijo, en dos meses de crisis se han producido 181 muertes y casi 2.400 heridos en Nicaragua.
Denis de Jesús Darce, también de la CPDH, afirmó que la crisis nicaragüense es la «más sangrienta» actualmente en América Latina: «Venezuela, que ha tenido mucha violencia en mucho tiempo, tuvo en 180 días 150 muertos y nosotros llevamos en 60 días 180 personas muertas», argumentó.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, consideró el lunes urgente que una comisión internacional investigue las consecuencias de la violencia que estalló el pasado abril en Nicaragua.
El diplomático jordano dijo que prácticamente todas esas víctimas «lo han sido a manos de fuerzas policiales o de grupos progubernamentales, incluso con la participación de francotiradores».
Zeid pidió al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte «sin demora» la visita de observadores de derechos humanos.
En la reanudación del diálogo el pasado viernes en Nicaragua, tras una suspensión desde el 23 de mayo, el Ejecutivo de Ortega aceptó invitar de manera «inmediata» a enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Darce dijo sin embargo que «no ha habido aún una comunicación oficial hacia la ONU» para invitar a la oficina de Zeid formalmente.
Oswaldo Montoya, de la Alianza MenEngage y uno de los fundadores del Grupo de Hombres contra la Violencia en Managua, opinó que, si se produjera la visita del Alto Comisionado a Nicaragua, debe «instalar una oficina de monitoreo en el país para poder seguir vigilando la situación y parar la represión».
Explicó que, cuando la CIDH vistió Nicaragua durante cuatro días «se paró la violencia» y «apenas se fueron, se incrementó la represión», por lo que consideró «muy importante la presencia, el acompañamiento de organismos internacionales que ayuden a hacer una investigación independiente, profesional de todos los crímenes y encontrar a los responsables».
Carmona indicó que la CPDH está en proceso de «recopilar toda la información en cuanto a vídeos y testimonios que hemos recibido todo este tiempo», material que pretenden entregar a la ONU, a cancilleres, a embajadores, a la OEA, a la UE y a Amnistía Internacional, entre otras entidades.
Los activistas saben que «no será posible» juzgar al presidente nicaragüense y a sus funcionarios en la Corte Penal Internacional, dado que Nicaragua no se ha adherido al Estatuto de Roma, la carta fundacional del alto tribunal de la ONU, pero su planteamiento «es que a partir de este diálogo el Gobierno lo suscriba para que este tipo de crímenes no vuelvan a pasar», dijo Darce.
EFE/ MC
