El Gobierno también quiere intervenir el mercado de los alojamientos turísticoscomo ya ha hecho con el del alquiler. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por limitar el número de alojamientos turísticos en las zonas con precios tensionados y ha anunciado que junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiere reunirse para ello con las comunidades autónomas, que son las que verdaderamente tienen las competencias para hacerlo.
«No quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda», ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha apuntado que no quiere que el centro de Madrid sea «un parque temático» sino una ciudad porque sigue habiendo «vecinos que reivindican la ciudad, atienden su limpieza y se preocupan de su barrio».
Necesidad de limitar estas viviendas
Respetando la autonomía local y las competencias autonómicas, Rodríguez cree que hay que limitar la vivienda turística en mercados tensionados para priorizar el derecho a la vivienda y que ya hay comunidades como Cataluña, Andalucía y Canarias que están dando pasos ya que está afectando gravemente al precio del alquiler residencial.
La ministra ha declarado que estos alojamientos se deben regular atendiendo a la diversidad territorial para actuar con «bisturí» porque, según ha asegurado, hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha donde estas viviendas son «una oportunidad para los entornos rurales de dinamismo económico y social y de fijación de población».
Rodríguez ha recordado que ya se está trabajando con el Ministerio de Industria y Turismo en la materia y observando lo que dice Europa al respecto teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya entendió que era necesario tratar esta cuestión y abrió la posibilidad de intervenir el mercado.
A modo de ejemplo, la ministra ha declarado que hay 340.000 apartamentos turísticos legales, más de las viviendas de alquiler asequible que se van a poder poner (183.000) y 14.000 en Madrid, más que la Operación Campamento, a los que se añaden muchos ilegales hay que perseguir, de igual forma que «perseguirán» los alquileres temporales que no lo sean, según ha advertido.
