El presidente del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, aseguró que valora presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética contra Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) por aparentes irregularidades en la administración de esa organización, la cual utiliza fondos públicos provenientes de las municipalidades.
Porras, quien además es parte del Directorio Político Nacional del PLN, arrastra varios cuestionamientos por presuntas irregularidades en nombramientos de la UNGL, el manejo de recursos de esa organización y la ejecución de cooperación internacional para proyectos urbanos.
El caso más reciente fue publicado este martes por La Nación. Se trata de la modificación de requisitos para nombrar a la encargada del Observatorio Municipal a María José Arias, hija del exdiputado del PLN, Rafael Arias y persona cercana a Johnny Araya, alcalde de San José. Documentos públicos muestran que Porras promovió que se cambiara el perfil de ese puesto y se incluyera tener licenciatura en nutrición como uno de los requisitos.
El cambio de requisitos ocurrió el 30 de agosto de 2023. Ese día, el Consejo Directivo de la UNGL aprobó por unanimidad un nuevo manual de puestos para la entidad. Al día siguiente, renunció a su cargo la encargada de Recursos Humanos, Fabiola Salas Leal, alegando haber recibido presiones de parte de Porras y su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, para que aprobara la contratación de la hija del exlegislador como asistente de la Dirección Ejecutiva.
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La exjefa de Personal le había explicado a la directora que el nombramiento de Arias en la Dirección Ejecutiva no procedía debido a que incumplía con los requisitos básicos: el cargo exigía un técnico en Administración de Empresas, pero Arias es nutricionista. Además, dejó constancia de esa situación en el oficio número RH-FS033-29082023, del 29 de agosto.
“Posterior al envío de dicho correo, el 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la Dirección Ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, dijo Salas en su carta de renuncia. Las presiones denunciadas por Salas también quedaron grabadas en una llamada telefónica.
Finalmente, María José Arias no fue nombrada como asistente de Karen Porras, pero sí la contrataron el 5 de marzo del 2024 como encargada del Observatorio Municipal, un puesto que no habría podido ocupar antes del cambio de requisitos. Con la modificación, encajó perfectamente con su grado académico y carrera profesional.
Sancho dijo que está al tanto de esas informaciones y que este martes conversó vía telefónica para pedirle explicaciones a Porras. Sin embargo, no le solicitó un informe o un documento formal sobre sus actuaciones. “Estoy valorando presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética del Partido”, manifestó. Sin embargo, no indicó de qué depende esa decisión ni cuándo definirá si presenta la queja o no.
El presidente del PLN reconoció que tiene una amistad con Porras, pues han compartido por años en el PLN, pero rechazó que eso influya en su decisión de denunciarla frente al Tribunal de Ética. Este diario intentó contactar a Porras para conocer su versión sobre este asunto, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular. Tampoco Arias contestó las llamadas para obtener su posición.
Otros cuestionamientos sobre Porras
El pasado jueves 21 de marzo, la encargada de Recursos Humanos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Adriana Salazar Araya, renunció a ese cargo por supuesto acoso laboral de parte de Porras. También se quejó de discriminación y violación de derechos laborales. Salazar explicó en su carta de dimisión que deseaba continuar en la UNGL; no obstante, su relación laboral con Porras estaba afectando su salud física, emocional y mental.
En noviembre, La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga un presunto delito de nombramientos ilegales en la UNGL.
Sobre las presuntas irregularidades para contratar a Arias en la Dirección Ejecutiva de la UNGL y las presiones grabadas en una llamada telefónica hecha a la anterior jefa de personal de esa entidad, la Junta Directiva ordenó, desde el año pasado, una auditoría interna, pero a la fecha ni siquiera se ha contratado a un auditor para realizar la inspección.
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En enero de 2023, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron que Porras promoviera el uso de fondos públicos para patrocinar el Festival de la Luz, en San José. El acuerdo de patrocinio incluía instalar una tarima para invitar a 195 alcaldes, regidores y otros políticos. Además, la UNGL destinó ¢4,5 millones en alquilar una estructura para que los invitados pudieran ver el evento.
El alquiler, gestionado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), fue adjudicado a la empresa Tecadi Internacional S. A. el 9 de diciembre, por medio de un proceso de contratación directa. Según Sicop, la Unión encargó una gradería de 27 metros de largo por 6,1 metros de fondo con capacidad para 350 personas, dos cabinas sanitarias y una póliza de seguros por responsabilidad civil por ¢100 millones.
En 2022, la UNGL también afrontó cuestionamientos por utilizar donaciones para financiar viajes de alcaldes, regidores y otros funcionarios a Europa. Por ejemplo, entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, un grupo de cinco alcaldes, el presidente de un concejo municipal, dos directoras de la UNGL y una contadora viajaron a San Sebastián, España, para “un intercambio de experiencias” con fondos donados al país por la Unión Europea para el Proyecto mUEve, una iniciativa que promueve obras de movilidad en los 15 cantones que atraviesa el tren.
Igualmente, entre el 13 y 18 de marzo de 2022, un alcalde, dos regidores y otras 19 personas también volaron a esa ciudad española para un segundo “intercambio de experiencias”. Las visitas se financiaron con recursos del llamado proyecto mUEve, aprobado en junio de 2019 para realizar obras en 15 cantones ubicados en zonas por donde transita el tren. Tiene un presupuesto de 5,1 millones de euros (¢3.520 millones) que deben ejecutarse en cinco años.
