¿Por qué? Para Héctor Paz y Miño, un profesional con más de 40 años de experiencia en la industria hidrocarburífera y energética, una sentencia condenatoria perjudicaría al país, ya que, de generarse un arbitraje internacional, seguramente se lo perdería, porque en una Corte Internacional de Arbitraje no operan falacias conceptuales o escándalos sin fundamentos; se perdería dinero y, sobre todo, se perdería imagen.
El temor es compartido por Gonzalo González, abogado en Arbitraje Nacional e Internacional y Presidente de la Comisión Petrolera del Ecuador. Según su experiencia, el Caso Singue seguirá sus canales de reclamos por la vía internacional, andariveles en los que lamentablemente el Ecuador ha tenido malas experiencias, porque los jueces juzgan con absoluta imparcialidad y tecnicismo. “En estos escenarios, nunca hemos tenido la mejor de las suertes. Y esto para la industria, obviamente, es una señal de inseguridad, por lo vivido en casos similares a los que se están juzgando en Singue”.
Añade que no deja de sorprender cómo se lleva adelante un proceso penal por un asunto que es práctica usual en la industria de hidrocarburos, en la transferencia de derechos y obligaciones o en la transferencia de acciones que se han dado a lo largo de toda la historia y que, además, están regulados de manera clara en el Artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos y en el reglamento de este artículo, que está contenido en el Decreto Ejecutivo 363. “Por eso los actores de la industria hidrocarburífera presencian absortos el desarrollo del juicio, viendo cómo esas reglas que siempre se cumplieron ahora son observadas. El Estado emitió esas reglas, yo cumplo con estas y resulta que soy sancionado por cumplirlas. O sea, no tiene mucho sentido esto. Es una clara muestra de una situación de anomia institucional y de inseguridad jurídica”.
La discusión de un proceso tan delicado, de una manera tan “alegre”, preocupa a ambos especialistas, porque este sin sentido obedece a alguna estrategia de tipo político. No se distingue otra razón para insistir en algo que a todas luces no tiene el mérito judicial que se asegura. “La política debe quedar fuera de esta industria que le da de comer al país”, señala Paz y Miño. Y González añade: “Como todo lo que se politiza en el Ecuador, las cosas pierden sentido y dejan de lado el sentido común, en consecuencia de lo cual no cabe una discusión racional, porque se vuelve absolutamente política, es decir, sin mayor fundamento y solamente pensando en réditos para quienes denuncian o han hecho de esto un Caballo de Troya para conseguir sus objetivos políticos, pero que no cuentan con sustento técnico alguno”.
¿Qué hacer? Para Paz y Miño, más allá de opiniones personales o ideologías políticas hay que ser fundamentalmente objetivos y justos, porque en juego, no solo la vida y la reputación de más de una docena de personas que están sindicadas sino también la imagen del país. “El Ecuador requiere con urgencia monetizar sus recursos hidrocarburíferos y, para hacerlo, el Estado, que no tiene la capacidad, debe necesariamente acudir a las empresas y a los inversionistas que están dispuestos a asumir este tipo de riesgos. Y lógicamente, no lo hacen gratuitamente ni a modo de beneficencia, indudablemente, a un riesgo alto, también buscan tener una rentabilidad correspondiente. Entonces, digo, si el Ecuador tiene recursos que ya debieron tenerle produciendo sobre un millón de barriles por día, desde hace rato, ¿por qué no llegamos a ese nivel? Simple, nos hemos preocupado de ahuyentar a la inversión seria”.
Desempolvando un poco la historia, se encuentran ejemplos de todo lo que hizo el país para ahuyentar los capitales. En los años ochenta y noventa tuvieron presencia en el territorio las empresas más importantes del mundo en materia petrolera. Y hoy, las que están –sin denostar su capacidad-, son de segunda línea, no poseen ni la capacidad tecnológica ni la financiera para apostar por una mayor producción.
Por el otro lado, las condiciones que el país le ofrece al inversionista extranjero son sustancialmente menos atractivas que aquellas que ofrecen Colombia o Perú. Por ejemplo, desde la parte operativa, el Ecuador siendo un país pequeño, debería tener unos costos de producción y de logística mucho menores que en esos dos países. Si a eso se suma la inseguridad jurídica, el resultado entonces es obvio.
“Es obligación de las autoridades, de los gobiernos, de cuidar la imagen del país. Buscamos desesperadamente créditos internacionales para recuperar a la economía, renegociamos las deudas, todo eso bien, pero ¿y qué hacemos para mejorar los ingresos? Esa debería ser la principal preocupación. Podremos negociar con nuestros acreedores para que nos den más plazo, para pagarles de diferentes maneras, si estamos en problemas económicos, pero lo fundamental es generar ingresos y a veces me parece que vivimos de crédito en crédito y somos poco imaginativos para aprovechar los recursos que tenemos. Por eso, el Caso Singue es emblemático de lo que no se debe hacer, donde priman conceptos más subjetivos que objetivos”, afirma Paz y Miño.
Para González, existe un componente adicional que demuestra el maniqueísmo político en un caso técnico: la alta desinformación que fluye hacia la Contraloría y la Fiscalía, bajo un ambiente coyuntural en donde la denuncia pasa a jugar un rol importante en época de campaña electoral. “Al tener señales o evidencias de corrupción durante el Gobierno anterior, se quiere asimilar que cualquier proceso que se pudo haber dado en ese tiempo tiene visos de corrupción. Es muy cuestionable que la justicia fluctúe y vaya al vaivén de la política y de los resultados electorales, eso es desastroso. Necesitamos llegar a una institucionalidad y para eso los jueces, los fiscales, el Contralor y todos los funcionarios públicos, como los privados, tenemos que cumplir la Ley y privilegiar el principio de legalidad. Y, en ese escenario, me parece que no debería depender de quién gane una elección para adivinar el resultado final del proceso”.
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Como todo lo que se politiza en el Ecuador, las cosas pierden sentido y dejan de lado el sentido común, en consecuencia de lo cual no cabe una discusión racional, porque se vuelve absolutamente política, es decir, sin mayor fundamento y solamente pensando en réditos para quienes denuncian.
Si el Ecuador tiene recursos que ya debieron tenerle produciendo sobre un millón de barriles por día, desde hace rato, ¿por qué no llegamos a ese nivel? Simple, nos hemos preocupado de ahuyentar a la inversión seria.
Lo fundamental es generar ingresos y a veces me parece que vivimos de crédito en crédito y somos poco imaginativos para aprovechar los recursos que tenemos.
