El Estado tendrá que asumir las nueve autopistas de peaje que actualmente están en quiebra ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores para su rescate que pueda evitar la liquidación y el cierre al tráfico de las vías. Así lo ha reconocido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha precisado que aunque están intentando negociar con los bancos “un acuerdo que facilite las cosas es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda».
No existe ninguna valoración oficial del importe que puede suponer la nacionalización de las autopistas en quiebra. La patronal de las grandes constructoras Seopán la cifró en 2015 en alrededor de 5.500 millones de euros, pero el importe final dependerá del momento en el que se aplique ese rescate. Además, Fomento defiende que el Estado puede recuperar e incluso ganar dinero con la recuperación de las autovías si el tráfico por las vías de peaje se recupera a lo largo del plazo de la concesión.
Los bancos que prestaron los fondos a las concesionarias que construyeron las autopistas acumulan una deuda de 3.400 millones de euros. Algunas de esas entidades, sobre todo las extranjeras, se han deshecho de sus pasivos vendiendo la deuda con un fuerte descuento (hasta del 70%) a los denominados fondos buitre, fondos de inversión fuertemente especulativos.
«Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas», indicó el ministro, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras «sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas», indicó De la Serna, en declaraciones a Los Desayunos de TVE..
El actual ministro de Fomento anunció nada más desembarcar en el Ministerio que recuperaría el plan de rescate que intentó su antecesora en el cargo, Ana Pastor, y que preveía una quita sobre los créditos del 50% y el pago del resto en un plazo de 30 años mediante titulización, pero los acreedores no aceptaron el mismo.
Las concesionarias han provisionado ya sus pérdidas por los recursos propios invertidos en las vías, que financiaron en su mayor parte con los créditos de más de una veintena de bancos, que son los que actualmente tienen este pasivo en sus balances.
Responsabilidad Patrimonial de la Administración
La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.
Las nueve autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).
Fomento defiende que se puede recuperar todo el dinero si se recupera el tráfico
Los tribunales están instando la liquidación de las concesionarias como ya ha ocurrido en el caso de las radiales R-3 y la R-5, aunque el Ministerio ha logrado una prórroga hasta julio de 2017 para evitar su cierre al tráfico.
